Como ya había advertido en verano de 2024, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha emprendido una lucha a golpe de multas contra las plataformas de alquiler turístico que publican anuncios ilegales y fruto de ello ha anunciado una sanción de 64 millones de euros contra Airbnb.

El Ministerio ha identificado infracciones en un total de 65.122 anuncios y conviene en que Airbnb ha llevado a cabo. El importe de las sanciones se desgrana de la siguiente forma:

• 64.055.311 euros por prácticas comerciales desleales como publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, indicando un número que no se corresponde con la numeración utilizada por los registros o por publicar anuncios sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, incurriendo así en una práctica de publicidad engañosa.
• 10.000 euros por incumplimiento del régimen u obligaciones de los contratos celebrados a distancia, como omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento de uso turístico.
• 10.000 euros por obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección, ya que la plataforma no ofreció respuesta a los requerimientos de Consumo durante la instrucción de este expediente.
• 55.000 euros por incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos mediante órdenes o medidas provisionales dictadas por el órgano instructor.

La resolución, que es firme y agota la vía administrativa, implica, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados y a hacer pública la multa impuesta.

"Ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley", ha aseverado el ministro Pablo Bustinduy.

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