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El Consell de Mallorca avanzará en la regulación de la entrada de vehículos en la isla con la instalación, en los próximos tres meses, de 210 nuevas cámaras de control y vigilancia, una herramienta clave para actualizar los datos reales de tráfico y definir el tope máximo de flotas de coches de alquiler. Esta es la principal novedad expuesta en la reunión mantenida con la patronal del sector, BALEVAL, en el marco de la elaboración de la futura ley.
El encuentro estuvo encabezado por el consejero de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y el director insular de Movilidad y Actividades, Rafel Oliver, dentro de la ronda de contactos impulsada por el Consell de Mallorca para consensuar la norma con los sectores afectados. El objetivo, según la institución, es pactar la metodología que determinará el número máximo de vehículos que podrán circular por la isla, incorporando la visión de las empresas que ya operan en el territorio.
Durante la reunión, BALEVAL trasladó su preocupación por el sistema de fijación de límites, tomando como referencia experiencias previas en otros destinos, y reclamó una base de datos más amplia y actualizada. Desde el Consell se insistió en que la regulación será fruto del diálogo y del equilibrio entre intereses económicos, sociales y medioambientales, y no una decisión unilateral.
Reunión de miembros del Consell de Mallorca con representantes de Baleval.
En este contexto, Rubio recordó que el refuerzo del sistema de cámaras permitirá obtener información detallada por tipología de vehículo —incluidas bicicletas— y conocer con mayor precisión la carga real de las carreteras. El despliegue incluye 105 dispositivos de control de velocidad y conteo y otros 105 de vigilancia, algunos de ellos situados también en los puertos de Mallorca. Estas cámaras, integradas en el proyecto de mejora de la seguridad en la Serra de Tramuntana, servirán exclusivamente para la recopilación de datos, mientras que la potestad sancionadora seguirá correspondiendo a la DGT.
El Consell subrayó, además, la importancia de lograr un amplio consenso político y social para garantizar la estabilidad de la futura ley y aportar seguridad jurídica al sector. El proceso de consulta ya ha incluido a la vivienda vacacional, las navieras y las empresas de alquiler de vehículos, y se completará con los datos solicitados a las compañías marítimas sobre la entrada de coches en la isla, un paso previo para fijar los límites definitivos.
