La reunión entre la presidenta del Govern de Baleares, Marga Prohens, y representantes del GOB y Terraferida terminó sin un acercamiento sobre las medidas necesarias para afrontar la presión turística y territorial de Mallorca. Mientras el Ejecutivo autonómico defendió las actuaciones adoptadas durante la legislatura para la contención turística, las entidades ecologistas reclamaron un cambio de rumbo basado en la reducción efectiva de las presiones sobre el territorio y los recursos, no solo gestionar mejor la saturación.

Prohens trasladó durante el encuentro su comprensión ante el malestar social generado por el crecimiento turístico de las últimas décadas y repasó medidas como la limitación de plazas turísticas, la prohibición de nuevas viviendas turísticas —aunque lo que realmente prohibió el Govern son las nuevas licencias en edificios plurifamiliares—, la lucha contra la oferta ilegal y la reducción del límite de cruceristas. También señaló la tramitación de las futuras normas para limitar la entrada de vehículos y coches de alquiler en Mallorca, Menorca e Ibiza —a pesar de que esto es iniciativa de los respectivos Consells—.

Por su parte, GOB y Terraferida sostuvieron que estas actuaciones no responden al problema de fondo y reclamaron que las políticas públicas se orienten a reducir la presión sobre vivienda, agua, movilidad, energía, territorio y recursos naturales. Entre sus propuestas figuran poner fin definitivamente al alquiler turístico, frenar el crecimiento urbanístico, limitar la expansión de carreteras y dimensionar las puertas de entrada a las islas de acuerdo con su capacidad territorial.

Las organizaciones ecologistas también defendieron una mayor prioridad para el transporte público, la protección del suelo rústico y los acuíferos, así como una transición energética centrada en reducir el consumo y un uso de la ecotasa orientado a la conservación y restauración del patrimonio natural. Su planteamiento parte de que problemas como la vivienda, la congestión, la presión hídrica o la pérdida de biodiversidad son consecuencias relacionadas con un mismo modelo de crecimiento.

El Govern, que calificó de positivo el intercambio de puntos de vista, se comprometió a continuar avanzando en la contención turística y planteó a las dos entidades su reincorporación al Pacto por la Sostenibilidad Social, Económica y Ambiental de Baleares como espacio para continuar el diálogo sobre la transformación del modelo económico. GOB y Terraferida, en cambio, sostienen que cualquier acuerdo debe abordar no solo una gestión más eficiente del crecimiento, sino también la reducción de las presiones que consideran ya excesivas.

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