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Justo un mes después de la manifestación "Mallorca al límite", en la que más de 70.000 personas —según los organizadores— o cerca de 25.000 —de acuerdo con las autoridades— llenaron las calles de Palma (Mallorca) para reclamar un cambio de rumbo ante la masificación, la turistificación y la pérdida de calidad de vida que sufre la Isla, las organizaciones GOB y Terraferida anuncian una nueva movilización ante "el silencio de las principales instituciones del país" al que consideran "políticamente injustificable".
Después de la movilización, las asociaciones solicitaron reunirse con la presidenta del Govern de las Islas Baleares, Marga Prohens, y con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, para trasladarles las demandas expresadas por la ciudadanía y presentarles un primer paquete de medidas concretas. A día de hoy, ninguna de las dos instituciones ha mostrado su voluntad de abrir este espacio de diálogo, de acuerdo con los organizadores de las movilizaciones.
La iniciativa de esta nueva manifestación, convocada para el sábado 29 de agosto, ha sido impulsada por la activista Madò Farta. La idea principal es llevar a cabo una acción simbólica que invita a la ciudadanía a "recuperar la calle y recordar, una vez más, que Mallorca está al límite".
Entre las medidas que reclaman las asociaciones se encuentran:
- Recuperar la vivienda para la ciudadanía. Declarar todas las Islas Baleares zona de mercado residencial tensada, decretar una moratoria de nuevas licencias de alquiler turístico e iniciar la progresiva eliminación de las plazas de la bolsa. "Ya no basta con hablar de contención; es necesario empezar a reducir la presión que el alquiler turístico ejerce sobre el derecho a la vivienda", .
- Proteger el territorio. Decretar una moratoria de nuevas licencias urbanísticas en suelo rústico e iniciar la derogación de las normas que han debilitado la protección territorial bajo el pretexto de la simplificación administrativa, con las Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos y la Ley Ómnibus como principales exponentes.
- Transformar el modelo de movilidad. Aprobar un verdadero plan de movilidad que priorice el transporte público por encima del vehículo privado, establezca un límite al número de vehículos que pueden circular por Mallorca, impulse decididamente la red ferroviaria y renuncie a seguir ampliando la red de carreteras.
- Garantizar la seguridad climática. Aprobar los Marcos Estratégicos de Referencia en Mitigación y Adaptación al Cambio Climático con horizontes 2030 y 2050, que orienten todas las políticas públicas dentro de los límites ecológicos de Mallorca, reforzando al mismo tiempo la infraestructura verde e impulsando una transición energética compatible con la preservación del territorio.
- Garantizar la seguridad hídrica. Impulsar una gestión integral del agua adaptada a los límites de los recursos hídricos de la isla, protegiendo los acuíferos, reduciendo la demanda y condicionando cualquier planificación urbanística y turística a la real disponibilidad de este recurso esencial.
- Garantizar la autonomía alimentaria. Proteger el suelo agrario e impulsar una estrategia de apoyo a la producción local que permita aumentar la capacidad de Mallorca para alimentar a su población, preservando el territorio productivo y reforzando el sector primario como elemento clave de la resiliencia de la isla.
Estas decisiones no resuelven por sí solas todos los retos que afronta Mallorca, pero marcarían un cambio de rumbo claro y demostrarían la voluntad política de empezar a responder al clamor ciudadano expresado el pasado 26 de julio, más allá de la contención.
Las más de 70.000 personas que se manifestaron por «Mallorca al límite» siguen esperando una respuesta. El Gobierno de las Islas Baleares y el Consell de Mallorca tienen ahora la oportunidad y la responsabilidad de demostrar que han escuchado este mensaje. El silencio institucional no es ya una opción.
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