Las viviendas vacacionales de Las Palmas de Gran Canaria han visto como, en pocos meses, su factura del agua se ha disparado más de un 100%, y es que el Ayuntamiento aprobó definitivamente en agosto una nueva ordenanza reguladora de las tarifas que, para las VV sube los precios en todos los conceptos: abastecimiento, alcantarillado y depuración.
Así, mientras destinos como Valencia, Sevilla o Mallorca han visto en cortar el suministro de agua una forma para luchar contra los pisos turísticos ilegales, en la capital grancanaria han puesto el foco en la recaudación entre aquellas viviendas turísticas que cumplen con la legalidad.
De consumo doméstico a extrahotelero
Desde la entrada en vigor de la citada ordenanza se dejó de considerar a las viviendas vacacionales como consumidores domésticos, pasando a la modalidad de “establecimientos hoteleros y extrahoteleros”.
Javier Valentín, abogado y vicepresidente de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), explica a Tourinews que este cambio es posible gracias a que el decreto 113/2015 califica las viviendas vacacionales como tipología de alojamiento turístico extrahotelero, medida que también afecta a casas rurales y casas emblemáticas.
Sin embargo, esgrime que “el consumo que hace un usuario de una vivienda vacacional es prácticamente idéntico a un doméstico”, mientras que un hotel o un complejo de apartamentos cuentan con otros servicios como la lavandería o las piscinas que sí que suponen un mayor gasto.
Posibilidad de impugnar
“No tiene sentido, el único objetivo para subir el precio del agua es porque el Ayuntamiento quiere recaudar más dinero”, afirma. Añade que, bajo su punto de vista, hay dudas sobre la legalidad de la tasa, pues “no respeta el principio de equivalencia”, que exige que el importe de una tasa sea proporcional al coste del servicio público que la genera.
Valentín destaca que los afectados pueden impugnar la liquidación ante los tribunales de justicia. “Si yo no estoy de acuerdo con la liquidación en la factura por consumo de agua, puedo impugnarla en los tribunales de justicia y, así, impugnar de manera indirecta la propia ordenanza”, comenta.
Al ser preguntado, el vicepresidente de ASCAV no le “cabe duda” que el ejemplo de Las Palmas de Gran Canaria se extenderá a otros municipios canarios.
