La Consejería de Turismo, Industria y Comercio de Canarias estima que la recuperación turística en el archipiélago tendrá lugar dentro de un año, en 2021, aunque la reapertura total del sector llevará más tiempo. Lo cierto es que este destino vacacional es uno de los grandes damnificados de la pandemia, ya que depende en demasía del turismo internacional, que representa el 87% de la demanda. 

Tal y como ha informado La Provincia, la consejera Yaiza Castilla expuso esta situación a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en una reunión que mantuvieron el pasado miércoles, 8 de abril. Durante el encuentro, Castilla propuso una serie de medidas excepcionales para que el sector turístico de las islas se recupere lo más pronto posible. 

Así, la consejera manifestó, de acuerdo con las previsiones realizadas por Turismo de Canarias, que este verano podría darse una pequeña reapertura del sector (que no superaría el 10% de la oferta alojativa del archipiélago), así como que la situación de "semicierre total" continuaría "hasta final de año y el inicio de la recuperación se retrasaría hasta 2021". 

De darse este escenario, las islas recibirían unos tres millones de turistas en 2020, lo que supone una caída interanual del 80% y la pérdida de más de 12.000 millones de facturación (3.200 solo en el sector hotelero). Esto, a su vez, supondría la caída del 28% del PIB de Canarias. El empleo, por su parte, sufriría una reducción anual de 133.000 plazas. 

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Dunas de Maspalomas, Gran Canaria

Medidas específicas

Por ello, desde el Gobierno de Canarias han solicitado una serie de medidas extraordinarias para el sector, como son mayores ayudas y liquidez; la prolongación de los ERTEs una vez concluya el Estado de Alarma; o la aportación de los fondos estatales pendientes para modernizar los espacios turísticos y reactivar así el sector de la construcción. Castilla ha sumado a estas propuestas el lanzamiento de un plan de viajes estatal similar al Imserso, pero aplicable a toda la población. 

Al mismo tiempo, solicitó la conversión de Canarias en un "laboratorio turístico mundial de seguridad", con el correspondiente apoyo financiero e institucional, el cual cifró en 20 millones de euros, "para acciones posteriores en el resto del territorio nacional". También, un plan de formación para el sector ante la redefinición de los modelos de negocio; intermediación con los países de origen en lo relativo al cobro de pagos pendientes, por parte de los touroperadores, a los alojamientos turísticos; y un impulso a los eventos turísticos con fondos específicos.