La Comunidad de Madrid ha rechazado por segunda vez el proyecto de macrocomplejo hotelero y de ocio que el grupo estadounidense Cordish quería construir en Torres de la Alameda, en Madrid. El gobierno regional señala que el proyecto no tiene relevancia desde el punto de vista económico, de ocio y cultural ni el suficiente impacto como para ser tramitado bajo la figura de CID (Centro Integrado y de Desarrollo). Esta figura permite la construcción en cualquier tipo de suelo excepto en los de especial protección y ofrece ventajas fiscales. 

Ante esta decisión, la empresa ha anunciado que tomará medidas legales para defender sus intereses y afirman estar “completamente sorprendidos y en shock” después de enterarse por los medios de comunicación que su solicitud no ha sido aceptada .

Además, argumenta que su primera petición “cumplía con todos los requisitos para la concesión de una licencia de CID” y que “como deferencia al Gobierno regional” se volvieron a presentar los documentos aclarando los detalles del complejo y con el respaldo de los bancos M&T y Credit Suisse, que se han comprometido a financiar los costes, que ascienden a 2.200 millones. 

Joseph Weinberg, consejero delegado de Cordish Global Entertainment, ha señalado que la propuesta supondría 56.000 puestos de trabajo y miles de millones de euros de beneficios para la Comunidad de Madrid. Asimismo, ha recordado que en una reunión que se celebró  el 19 de julio con los representantes de la comunidad la compañía se comprometió a desarrollar por completo el proyecto y a sufragar todos los gastos necesarios, así como a no reclamar ayudas y subvenciones. 

Desde la compañía denuncian que debido a la falta de transparencia del gobierno tuvieron que recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que admitió la demanda a trámite el 26 de mayo y dio un plazo de 20 días a la Consejería para entregar el expediente completo con los originales. Por todo esto “llevará a cabo cuantas acciones legales puedan corresponderle en defensa de sus legítimos intereses contra el Gobierno regional y las personas responsables”. 

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