Cataluña duplica la tasa turística a las viviendas vacacionales

Una persona de 50 años procedente de Madrid ha muerto por un brote de legionelosis detectado el 29 de septiembre en el hotel Jaume I en Salou (Tarragona), que cerró el 2 de octubre. Además, otras seis personas de entre 50 y 82 años procedentes de España y de otros países de la Unión Europea, están contagiadas, según la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña. De ellas, una ha sido dado de alta, otras siguen ingresadas y “se desconoce la evolución del último caso notificado”. La Agencia de Salud Pública de Cataluña (Aspcat) no descarta la aparición de más afectados, pues el periodo de incubación de la enfermedad infecciosa es de 14 días

La Generalitat de Catalunya ha subido la tasa a las viviendas turísticas de 0,45 euros (0,50 con IVA) por persona y noche a 0,90 (0,99 con IVA). Este aumento está en vigor desde el 1 de abril. 

El secretario de la Associació d’Apartaments Turistics de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre, Quim Cristià ha señalado que: “No nos dio tiempo a actualizar nuestro sistema informático ni a anunciárselo a los clientes. Muchos tenían la reserva cerrada con la tasa anterior y se marcharon muy descontentos al tener que pagar más”. 

El gravamen solo ha subido para las viviendas de uso turístico. Los hoteles, apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues siguen pagando las mismas tasas. Están exentos de pagar los menores de 16 años y los turistas de programas sociales subvencionados por la administración pública. 

El impuesto afecta a cerca del 95% de los 4.000 alojamientos registrados en la asociación tarraconense. Su presidente, Joan Calvet, sostiene que “no tiene sentido que las personas que se alojan en una vivienda de uso turístico sencilla de seis plazas, que habitualmente son familias que escogen esta opción porque es más económica, tengan que pagar las mismas tasas que los clientes que se alojan en tres habitaciones dobles de un hotel de cuatro estrellas”. 

Calvet predice que esto les perjudicará en temporada baja porque “de noviembre a marzo tenemos una tarifas muy reducidas para atraer gente y mantener los empleos. La nueva tasa puede llegar a suponer un incremento de precio del 20 % y los clientes se irán a otro destino. Y eso afectará también a los comercios, bares y supermercados, ya que las personas que se alojan en estos apartamentos hacen mucha vida en la ciudades donde van”. 

Desde la asociación instan a la administración pública a que deje de poner obstáculos y luche contra los apartamentos ilegales, que representan casi el 45% del total. 

 

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