La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por la empresa Puerto Rico SA contra la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica que, en 2021, denegó la prórroga de la concesión para la explotación de la playa artificial de Amadores, en Mogán (Gran Canaria). La concesión había finalizado el 20 de octubre de 2018 y el Ministerio decidió no extenderla, lo que llevó a una batalla judicial por parte de la empresa, que ahora recibe un varapalo.

Según informa Atlántico Hoy, la sentencia, fechada el 30 de octubre de 2025, dictamina que la negativa de la Administración se ajusta a derecho al existir causas determinantes de caducidad en el título concesional, imponiendo además las costas judiciales a la entidad mercantil.

El tribunal fundamenta su decisión en un extenso listado de incumplimientos e irregularidades detectadas durante años en el dominio público marítimo-terrestre. Entre las infracciones confirmadas destacan la ejecución de obras sin autorización, como un pantalán, un solárium y almacenes de gas, así como la privatización de espacios mediante vallas de piedra y cristal que restringían el uso público. Asimismo, la sentencia resalta que la empresa realizó cambios de uso no permitidos, transformando quioscos en restaurantes de mayor superficie y gestionando un parking de pago y un minigolf de forma irregular.

Finalmente, el fallo judicial subraya que la prórroga extraordinaria de la Ley de Costas no es un derecho automático, sino que depende del comportamiento histórico del concesionario y del respeto a la integridad del litoral. La Audiencia Nacional concluye que la acumulación de usos no autorizados y cesiones a terceros sin control administrativo justifica la extinción de la concesión en favor del interés general. Aunque la resolución confirma el fin de la etapa de Puerto Rico SA al frente de la playa, la empresa aún tiene la posibilidad de interponer un recurso de casación.

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