Gebta impugna el concurso de 604,8 millones para gestionar los viajes ministeriales por "múltiples y gravísimas infracciones"

Gebta, la asociación de agencias de viajes de empresa, ha recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales el concurso para gestionar los servicios de agencia de viajes de la Administración General del Estado, dotado con 604,8 millones de euros para los viajes de ministerios y organismos públicos. Dicho recurso, presentado este miércoles 2 de septiembre, pide la supensión de la tramitación de la convocatoria, así como la anulación de sus pliegos, al detectar en el documento "múltiples y gravísimas infracciones".

El recurso señala tres bloques de posibles infracciones en la convocatoria impugnada. En un primer epígrafe, de tipo económico, se subrayan, entre otras irregularidades, la falta de justificación de la estructura de costes, la exigencia ilegal de descuentos lineales en tarifas aéreas, el establecimiento de mejoras en el seguro de viaje a coste cero y la existencia de cláusulas que obligan a las agencias a licitar con precios que no cubren costes reales o que eliminan el margen comercial.

El segundo epígrafe denuncia la imposición de una serie de cláusulas técnicas que resultan operativamente imposibles de cumplir, debido a las prácticas del mercado de transporte o porque exceden las funciones lógicas de un intermediario turístico y que además llevan asociadas sanciones en caso de incumplimiento.

Finalmente, un tercer bloque señala otras cláusulas incluidas en la convocatoria, que vulneran leyes imperativas de otros sectores ajenos a la contratación pública, como la protección de datos o la legislación reguladora del mercado de seguros, o el propio Reglamento de IATA (Asociación Imternacional de Transporte Aéreo).

Gebta lamenta que la administración no haya contado con ella a la hora de elaborar la convocatoria. "El resultado de ignorar a las agencias de viajes en el proceso de redacción de los pliegos, no sólo se salda con un nuevo recurso, sino que comporta costes económicos derivados de la impugnación, y eventualmente de la suspensión del proceso, circunstancias que hubieran podido evitarse de haber optado la Administración por un diálogo constructivo con el sector", comenta el colectivo en un comunicado.