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Primeras demandas contra el Consell de Mallorca por el bloqueo de las plazas de alquiler vacacional

El fallido proceso de adjudicación de plazas de alquiler turístico en Mallorca ha comenzado a tener consecuencias judiciales. El Tribunal de Instancia de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma ha notificado al Consell de Mallorca la interposición de un primer recurso contra la resolución del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos que, el pasado octubre, declaró la imposibilidad técnica de resolver la convocatoria debido a los reiterados fallos del sistema informático.

Según ha publicado Última Hora, el BOIB ha difundido un comunicado del secretario del Consorcio en el que se emplaza a todas las personas y entidades que se consideren perjudicadas a personarse en el procedimiento judicial en un plazo de nueve días. La empresa Sa Talaia Gestión SL ha sido la primera en recurrir formalmente la decisión, abriendo la puerta a nuevas acciones legales.

La patronal del sector, Habtur, observa la situación con inquietud ante la posibilidad de una cascada de recursos que pueda desembocar en la paralización judicial definitiva de un proceso que ya se encuentra suspendido cautelarmente desde hace meses. Su gerente, Maria Gibert, ha señalado que cualquier solicitante puede sumarse a las reclamaciones, aunque la asociación ha optado por no dar directrices concretas y dejar la decisión en manos de cada afectado.

El anterior conseller de Turismo, José Marcial Rodríguez, reconoció antes de dejar el cargo que la adjudicación de las 654 plazas de alquiler vacacional fue un “fracaso”, a diferencia de las bolsas de plazas hoteleras y de edificios catalogados, que sí pudieron resolverse. La convocatoria quedó anulada tras el colapso del sistema telemático y ahora la solución del conflicto recae en su sucesor, Guillem Ginard.

Desde la oposición, el PSIB ha cargado contra la gestión del Consell y ha advertido del escenario de inseguridad jurídica generado. El conseller socialista Andreu Serra ha acusado al gobierno insular de PP y Vox de incapacidad para resolver una situación que, a su juicio, deja al sector turístico en una posición de clara indefensión.


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