El alcalde de Palma (Mallorca), Jaime Martínez, llevará al pleno de febrero la prohibición total de nuevas plazas de alquiler turístico en la ciudad. El equipo de gobierno someterá a aprobación la modificación del Plan General con el objetivo de impedir nuevas autorizaciones en todas las modalidades y en todo el término municipal, una medida anunciada el pasado mes de octubre.

Actualmente, existen 639 viviendas de alquiler turístico legales en viviendas unifamiliares, que podrán seguir operando, pero no se concederán nuevas licencias. Además, el Ayuntamiento prevé una reducción progresiva de la oferta, ya que las licencias que se den de baja no serán sustituidas. La iniciativa llega tras meses de tramitación técnica para dejar la prohibición reflejada de forma expresa en el planeamiento urbanístico.

El PP gobierna en minoría, pero el Consistorio confía en obtener los apoyos necesarios. Desde el inicio de la legislatura, el alcalde ha respaldado propuestas de la izquierda orientadas a restringir el alquiler vacacional, como la iniciativa de Més per Palma para mantener la prohibición en pisos o la proposición de Podemos para estudiar un veto total en todas las viviendas.

El Ayuntamiento reconoce que Palma sigue registrando una elevada actividad ilegal, principalmente en edificios plurifamiliares. El propio Martínez cifró en unos 15.000 los anuncios ilegales el pasado verano, aunque aseguró que los controles se han intensificado y que la ciudad ha logrado una reducción del 17,4% de viviendas ilegales, muy por encima de la media estatal, según datos citados por Diario de Mallorca.

La prohibición de nuevas plazas se enmarca en una estrategia más amplia contra la masificación turística, que incluye el veto a nuevos albergues juveniles, la petición de eliminar las party boats en el Passeig Marítim y la limitación del tamaño de los grupos turísticos en el centro histórico.

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