La okupación llega también al mercado de alquiler turístico, cercado ya no solo por los legisladores, sino ahora también por los propios inquilinos. Así, las empresas que gestionan alquileres vacacionales se están encontrando con el nuevo fenómeno, que se suma al endurecimiento de las condiciones impuesto a la actividad, cuando no directamente a la prohibición de esta práctica. En Vigo (Pontevedra) ya se han registrado casos de turistas extranjeros que reservan una estancia y que, cuando finaliza el periodo contratado, se niegan a abandonar la vivienda, extorsionando a los propietarios o a la empresa que gestiona el alquiler vacacional. Piden entre 3.000 y 10.000 euros y, si no se les paga, no se piensan marchar. 

Una de las firmas que más pisos turísticos gestiona en esa provincia gallega, contactada por Faro de Vigo, revela que ha sufrido en el último año varios supuestos de este tipo. Suelen ser, afirman sus responsables, turistas procedentes del extranjero que reservan a través de plataformas como Booking o Airbnb. Solo aceptan, para salir del piso, que se les abone en efectivo la cantidad que exigen. Algunos han permanecido más de ocho meses en la vivienda vacacional sin pagar renta alguna y negándose a abandonarla hasta que el propietario o la empresa ceda a la extorsión.

Mafias organizadas

"Tenemos claro que son gente que está organizada, porque no es normal lo que está pasando. Conocen todas las triquiñuelas legales y la ley no nos permite hacer nada para recuperar la propiedad", asegura el responsable de una empresa de alquileres vacacionales de Vigo. Se interponen las correspondientes denuncias, pero la lentitud de la justicia juega a favor de los infractores, con los juicios pendientes y los propietarios optando por pagar lo exigido para poder volver a poner la vivienda en el mercado de alquiler turístico. Al igual que ocurre con los inquiokupas, el proceso judicial para echarlos y recuperar la vivienda se puede alargar durante varios meses, especialmente en caso de que haya niños en el inmueble, cuando directamente se determina que es una familia vulnerable.

Preocupa que detrás de esos inquilinos que se atrincheran en viviendas vacacionales haya mafias que utilizan estas prácticas para sacar un rédito económico. Las cantidades exigidas en el chantaje fluctúan en razón de si la propiedad está en manos de una empresa o de un particular: en el primer caso piden cantidades más elevadas. Ya hay propietarios y empresas que están recurriendo a firmas de desalojo exprés para que consigan echar a esos turistas okupas sin ceder a la extorsión. Una de estas empresas de desalojo consiguió recuperar la vivienda okupada por una pareja de turistas y su hijo sin pagar los 12.000 euros que exigían los turistas para irse.

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