Nuevos escollos para la ley que limita la entrada de vehículos a Ibiza. Tras la demanda judicial de Baleària, ahora el Consell se encuentra con la falta de colaboración por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT). La negativa a que la entidad insular acceda a la base de datos del ente estatal está imposibilitando la instrucción de sanciones.

“Nos ha sorprendido, pero tenemos claro que se solucionará porque la ley dice que somos competentes para inspeccionar y sancionar. En este momento la DGT no está colaborando. No es un reproche. Pero existe cierta reticencia por parte del Estado a la aplicación de esta normativa”, ha explicado Mariano Juan, conseller de Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo.

Tal y como explica Diario de Ibiza, sin el acceso a la base de datos de la DGT, los policías locales e inspectores de transporte no pueden constatar por la matrícula si el vehículo corresponde a un no residente y, por tanto, debería contar con una autorización y pagar una tasa.

No obstante, Mariano Juan advierte de que, una vez que tengan el acceso a la base de datos de la DGT —en lo cual confían— podrán interponer las multas con efecto retroactivo desde el 1 de junio.

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