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Ibiza afronta la próxima temporada turística con un cambio en la lucha contra las fiestas ilegales: el Consell dejará de utilizar detectives privados y trasladará el control a los ayuntamientos. Los consistorios mantendrán los protocolos actuales, centrados en la vigilancia de accesos y la apertura de expedientes sancionadores, en un contexto en el que este tipo de eventos ha descendido en los últimos años.
La retirada de los detectives, que operaron entre 2021 y 2024, responde a la evolución del fenómeno y a los cambios normativos que permiten sancionar también a los asistentes a estas fiestas. Estos profesionales seguirán actuando en otros ámbitos vinculados al intrusismo, como el alquiler turístico o el transporte ilegal, mientras que la gestión de las fiestas recae ahora en las policías locales.
Según informa Diario de Ibiza, municipios como Sant Joan o Santa Eulària mantendrán la estrategia basada en controles en accesos y recopilación de datos para identificar a organizadores y participantes. En el caso de Sant Joan, el pasado año se detectaron ocho fiestas ilegales y se actuó en seis, mientras que en Santa Eulària se tramitaron dos expedientes sancionadores.
En general, los ayuntamientos coinciden en que la proliferación de estas celebraciones ha disminuido, aunque seguirán vigilando especialmente su vínculo con el alquiler turístico ilegal. En Sant Antoni, por ejemplo, los Agentes de Intrusismo y Convivencia han reforzado las inspecciones en viviendas, ante la coincidencia frecuente entre este tipo de alojamientos y la organización de fiestas clandestinas.
El nuevo enfoque mantiene el foco en preservar la convivencia y la imagen del destino turístico, con actuaciones progresivas y coordinadas en función de la magnitud de los eventos, sin descartar el uso puntual de detectives si la situación lo requiere.
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