Apenas lleva tres días en vigor y la nueva norma que limita la entrada y circulación de vehículos en Ibiza podría enfrentar más problemas judiciales, aparte de la denuncia interpuesta por Baleària. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha enviado un requerimiento al Consell insular —un paso previo al contencioso-administrativo— para que adopte un nuevo acuerdo con las compañías de rent a car, al considerar que el actual perjudica a las grandes empresas.

Y es que el Consell de Ibiza acordó limitar a 16.000 el número de vehículos de alquiler que pueden estar en circulación en la isla durante esta primera temporada de aplicación de la normativa. No obstante, en total, 77 compañías de alquiler de vehículos han pedido licencia para 27.786 coches. Esta diferencia ha provocado que desde la CNMC consideren que “supone una restricción relevante de la oferta, limitativa de las libertades de establecimiento y de prestación de servicio”, pero admite que puede estar amparada por “razones imperiosas de interés general”.

Por todo ello, las objeciones de la CNMC se centran en el sistema utilizado por el Consell para el reparto y no tanto en la norma en sí. Tal y como recoge Diario de Ibiza, el órgano regulador entiende que “no se garantizan los principios de proporcionalidad y no discriminación”.

El sistema de reparto
 

El sistema de reparto de vehículos por empresa utilizado por el Consell seguía una metodología similar a la ley d’Hont (sistema electoral). “Al limitar la oferta y restringir la capacidad de crecimiento, se pueden reducir de forma muy significativa los incentivos de las empresas a competir en precios, variedad, calidad e innovación”, advierte la CNMC. Y añade: las empresas pequeñas “se podrían ver doblemente favorecidas en perjuicio del resto, ya que lograrían aumentar su poder de mercado sin la necesidad de realizar esfuerzos procompetitivos”.

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