El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Colombia) ha ordenado el cierre temporal de Cayo Acuario (Rose Cay), uno de los principales atractivos turísticos del Caribe colombiano, por los graves daños ambientales ocasionados por el turismo masivo y la falta de control institucional. La medida incluye también restricciones en el acceso a Haines Cay, que deberá cerrar durante tres días cada trimestre para permitir su recuperación ecológica.

El fallo, en respuesta a una acción popular de la Procuraduría General de la Nación, establece el cierre de Cayo Acuario durante seis meses, el desmonte de estructuras fijas, estudios técnicos sobre la capacidad de carga y la reubicación de las actividades comerciales bajo parámetros sostenibles. El tribunal constató la existencia de establecimientos sin servicios básicos, vertidos de aguas contaminadas al mar y una erosión acelerada por el tránsito constante de embarcaciones. La resolución se adopta bajo el principio de precaución, dado que la zona enfrenta una “alta inestabilidad ambiental”.

El caso coincide con recientes hallazgos de prácticas ilegales para promover el turismo: el pasado 14 de julio, las autoridades sorprendieron a tres personas cebando tiburones y mantarrayas para atraer visitantes, una práctica prohibida que altera la conducta natural de las especies, rompe el equilibrio de la cadena trófica y aumenta el riesgo de incidentes con turistas. Los implicados fueron detenidos y afrontan cargos por delito ambiental, tipificado en la legislación colombiana, que contempla penas de hasta 11 años de prisión y multas millonarias. Este episodio ha puesto de relieve la fragilidad del ecosistema marino en un área protegida que forma parte de la Reserva de la Biosfera Seaflower, declarada por la Unesco Patrimonio Ambiental de la Humanidad.

De acuerdo con la información de El Colombiano, la Procuraduría ha anunciado que supervisará el cumplimiento estricto de las medidas, que deberán ser coordinadas entre la autoridad ambiental Coralina, la Dirección General Marítima y la Gobernación de San Andrés, con el objetivo de garantizar la protección de una de las reservas naturales más valiosas del país.

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