La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía ha activado una nueva instrucción que regula de forma estricta la actividad de las residencias de estudiantes que operan como alojamiento turístico.
Según informa Andalucía Información, a partir de ahora, estos centros ya no podrán comercializar plazas de forma libre, sino que deberán presentar una declaración responsable detallando el número exacto de unidades alojativas que destinan a turistas y los periodos específicos en los que estarán operativas. Esta medida busca unificar criterios y evitar la competencia desleal en un sector con normativas hasta ahora dispersas.
Bajo este nuevo marco, las residencias que deseen compatibilizar su uso educativo con el turístico deberán adaptarse a los requisitos de los establecimientos hoteleros. La normativa permite la convivencia de ambos perfiles de clientes, siempre y cuando las estancias cumplan con las dimensiones mínimas y estándares de calidad exigidos por la administración para como hostales, pensiones o albergues, por ejemplo.
Este endurecimiento normativo llega acompañado de un ambicioso plan de inspección para 2026 y un nuevo proyecto de Ley de Turismo Sostenible que eleva drásticamente las sanciones. Las multas por ofrecer servicios turísticos de forma clandestina o sin la declaración responsable pertinente comenzarán ahora en un mínimo de 20.000 euros, pudiendo alcanzar los 600.000 euros en los casos más graves.
