A principios de mes, todos los que tenemos un contrato por cuenta ajena bajo el convenio de hostelería en la provincia de Las Palmas hemos cobrado un extra de 650 €, como reconocimiento por haber estado de alta entre el 1 de abril de 2024 y el 1 de abril de 2025.

Este pago ha sido la antesala de la apertura de la mesa de negociación en septiembre de 2025 para el nuevo convenio colectivo. En principio, en la provincia de Las Palmas tendremos paz social garantizada hasta más allá del verano, y se prevé una actitud favorable para alcanzar acuerdos beneficiosos.

Sin embargo, en Tenerife, la situación es más agitada. La ausencia de consenso en Semana Santa provocó huelgas, y actualmente, los sindicatos vuelven a intensificar la tensión en la búsqueda de nuevos pactos económicos.

No obstante, más allá de los conflictos y las tácticas de negociación, el porvenir de la hostelería en Canarias se establece en estas mesas de conversación. No solo se trata de sueldos y prestaciones, sino de equidad, sostenibilidad y balance entre todos los participantes del sector.

El empleado tiene derecho a un salario justo, en proporción al esfuerzo y el valor que contribuye a la empresa, y también tiene obligaciones que deben ser cumplidas con su compromiso y responsabilidad. Sin este balance, cualquier incremento salarial carece de propósito.

Es necesario reconocer que el desarrollo económico real y sostenible de Canarias no debe limitarse únicamente a la gestión que pueden hacer las Administraciones recaudando impuestos, sino que esa riqueza debe llegar de manera más equitativa a través de salarios adecuados y condiciones que fomenten una vida de calidad.

En esta premisa hay que destacar que el empresario no es el villano: me vienen a la cabeza cánticos de grupos radicales antes de Semana Santa con “se va a acabar, se va a acabar, la dictadura patronal”.  La inversión y el esfuerzo del empresario han sido claves para la recuperación del sector y su crecimiento. De hecho, sería interesante que se promovieran incentivos que permitan a las empresas mejorar voluntariamente las condiciones de sus trabajadores sin que ello suponga una carga imposible de asumir.

Un caso evidente de esto es la gestión de las bajas debido a incapacidad temporal. Se podría considerar la opción de que las empresas incrementen de manera voluntaria los sueldos de aquellos que estén de baja médica, no como un deber que es actualmente, sino como un estímulo que contribuya a regular el absentismo. No es equitativo pensar que aquellos que verdaderamente requieren recuperación pudieran ser penalizados de forma injusta o verse perjudicados con salarios reducidos, pero tampoco que las bajas prolongadas sin justificación real se conviertan en una vía para ausentarse sin motivo, manteniendo el mismo salario que si estuvieran desempeñando su trabajo.

Las negociaciones deben representar un acto de compromiso. Es esencial incrementar los sueldos, pero también es imprescindible establecer criterios que permitan reducir beneficios a aquellos que no los merecen. Lo justo es que cada trabajador reciba lo que realmente merece por su esfuerzo, sin que eso dé pie a abusos hacia la empresa o hacia sus compañeros, y no perjudique a quienes sí cumplen con su trabajo.

Llegar a acuerdos que beneficien a todas las partes no es fácil, pero es posible. Si realmente se busca un avance real, debe pensarse en soluciones creativas que favorezcan tanto a los trabajadores, como a los empresarios y a la sociedad local, un modelo de hostelería más justo, sólido y sostenible para todos.

*José Ángel Vázquez Romero es director del Hotel H10 Timanfaya Palace (Lanzarote), director del área de Alojamientos Turísticos del Colegio Profesional de Turismo, miembro del claustro en el MBA Turismo del Instituto Canario de Turismo y Presidente de Lanzarote sin Barreras

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