Asistimos en los días previos, a la noticia de la inminente llegada de un nuevo Decreto regulador de la Vivienda Vacacional y de consuno, a un alto grado de nerviosismo en Canarias; en Gran Canaria y en el sector alojativo, en particular.

En el caso de Gran Canaria, en lo que concierne al sector extrahotelero y hotelero, aquél viene motivado además, por el continuo desdén, falta de empatía y sensibilidad, mostrada por el Ejecutivo Canario, con las necesidades y singularidades del sector turístico de esta isla: en sus necesidades de desarrollo y la adecuación de las normas a sus singularidades.

El Gobierno de Canarias, en materia turística, desde el 2013 con la Ley de Renovación y más recientemente en 2017, con la Ley del Suelo, y próximamente con el Decreto de Vivienda Vacacional, no está contemplando las diferentes realidades y necesidades de las islas, y muy especialmente las de Gran Canaria, impidiendo el desarrollo de ésta y la cohesión entre ellas, tanto en lo social como en lo emocional.

Así lo hizo con la ley de Renovación de 2013, cuando se impidió la construcción de nuevos hoteles de 4 estrellas, desoyendo las voces y necesidades de demanda preexistentes en Gran Canaria, con el subterfugio de acceder a ellas a través de la renovación de complejos de menor categoría. Toda una falacia.

Igualmente, con la ley del Suelo, en la modificación que ésta introdujo en la antedicha Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, al desoír la demanda del sector grancanario, de impedir la residencialización de nuestros complejos extrahoteleros, con lo que se perpetua que muchas camas dejen de operar turísticamente, lo que a su vez conlleva a una mayor pobreza y menor empleo.

Y la próxima en venir, será la regulación de la Vivienda Vacacional, donde con toda seguridad se tratará de una actividad que estará prohibida inicialmente en la zona turística, porque así lo dispondrá el Gobierno de Canarias, dejando su posterior habilitación a Cabildos y Ayuntamientos.

Procede indicar que la zona turística no sólo comprende nuestras urbanizaciones turísticas, como por ejemplo San Agustín y Playa del inglés, en Gran Canaria, sino que abarca a núcleos de población residencial, como San Fernando de Maspalomas, El Tablero, etc.

Y por ello consideramos que, si el Ejecutivo Regional no modifica su posición, este nuevo Reglamento puede nacer con una tara y es la establecer criterios contrarios a lo que ya ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el sentido de que no se puede limitar la implantación de las viviendas Vacacionales en la zona turística. Teniendo en cuenta, además, que un sorpresivo cambio normativo de esta índole puede llevar aparejadas reclamaciones indemnizatorias, en caso de perjuicio a derechos preexistentes.

En definitiva, una auténtica moratoria, pese a que el Gobierno de Canarias alegue una y otra vez que no está en su intención prohibirla, por dejar su habilitación en manos de la ulterior decisión de las Corporaciones locales: otra falacia. La realidad es que, una vez haya entrado en vigor el nuevo Reglamento, el que quiera legalizar su vivienda vacacional no va a poder hacerlo y tendrá que esperar a que el planeamiento Local o Insular se lo permita, lo que puede tardar meses o años.

Canarias no debe prohibir las viviendas vacacionales

La posición de la FEHT, es la de que el Gobierno debe permitir de inicio la implantación de las Viviendas Vacacionales, con arreglo a unas normas mínimas de ordenación y que luego, bien los Cabildos o los Ayuntamientos, sean los que puedan, en su caso, establecer criterios de proporcionalidad para modular su implantación

Es decir, si Corralejo o el barrio de Guanarteme en Las Palmas de Gran Canaria, tuvieran graves problemas de acceso a la vivienda de sus ciudadanos, los ayuntamientos correspondientes, en esas zonas, y con porcentajes sobre el total de viviendas, podrían limitar el número de VV adjudicando un porcentaje de éstas sobre el total de aquéllas.

Esta prohibición no impedirá su existencia al ser una demanda de mercado, y operará en la clandestinidad, lo que supondrá más economía sumergida, menor recaudación de tasas e impuestos, mayor pobreza en definitiva.

Desde la FEHT pedimos su regulación, no desde la prohibición, sino desde la igualdad de competencia; que lo haga en parecidas o similares condiciones que el resto del sector alojativo; que pague impuestos y cumpla el Convenio de Hostelería, normas de seguridad ciudadana, protección del consumidor, etc.

Propugnamos un cambio en la ley de Propiedad Horizontal,competencia Estatal, pidiendo sean las comunidades de propietarios quienes decidan por mayoría cualificada, su implantación o no en un edificio, en aras de la convivencia.

Que se permita la vivienda vacacional, incluso en las urbanizaciones turísticas en suelo de uso turístico, en estos casos, siempre bajo el respeto del principio de unidad de gestión.

Es por todo lo anteriormente relatado, y por la falta de sensibilidad y escucha del Ejecutivo, que solicitamos un cambio de rumbo, y que se tengan en cuenta las diferentes realidades y necesidades de las islas a la hora del desarrollo normativo, para una mejor dinamización empresarial y social, una mayor cohesión y mejora de un sentimiento común. 

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