El Juzgado de lo Social número 9 de Santa Cruz de Tenerife ha declarado "improcedente" el despido de tres pilotos de Canair, filial de Binter, por negarse a volar al considerar que la nube de ceniza generada por la erupción del volcán Cumbre Vieja, en La Palma, condicionaba la “seguridad operacional” de los vuelos. De esta manera, ha fracasado la demanda por "despido nulo" interpuesta por el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA), que considera que esta sentencia deja a los trabajadores en “absoluto desamparo laboral” y consagra la “impunidad de este tipo de empresas, que anteponen sus criterios económicos a la seguridad”.
Durante la erupción volcánica, los tres pilotos decidieron, en diferentes vuelos, seguir su criterio profesional en contra de la voluntad de la dirección de operaciones: “desde no iniciar un vuelo que consideraban peligroso, hasta rodear una nube volcánica en lugar de atravesarla”, tal y como señala SEPLA en un comunicado.
Según el citado sindicato, las cenizas volcánicas son un material que puede “dañar seriamente” el fuselaje y los motores de los aviones, y por ello, los pilotos valoraron riesgos antes de iniciar un vuelo que “podría ser peligroso”.
Nube de ceniza saliendo del volcán Cumbre Vieja en La Palma (Canarias) | Foto: IGME CSIC
Dos semanas después de reportar el riesgo que consideraban que afectaría a la seguridad del vuelo, la compañía despidió a los pilotos con una carta en la que alegaba “pérdida de confianza”. SEPLA pidió la nulidad de los despidos y, por tanto, la readmisión de los trabajadores en Canair, sin embargo, “la sentencia se ha limitado a aceptar su improcedencia y solicitar una indemnización para los trabajadores".
De esta manera, tanto el mencionado sindicato como la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), han querido denunciar la “impunidad” de las empresas que “despiden a sus trabajadores por cumplir con su obligación de tomar decisiones técnicas de seguridad que protejan a los pasajeros”.
Tanto es así, que ambas organizaciones sindicales trasladaron el pasado lunes su descontento al consejero de Transportes del Gobierno del Canarias, Sebastián Franquis, y han solicitado una reunión “urgente” con el Ministerio de Transportes para abordar este asunto y “garantizar que se protejan este tipo de decisiones que afectan a la seguridad aérea”.
