La subasta de los bienes en el Golf Resort Salinas de Antigua (Fuerteventura) de la promotora inmobiliaria Ramiterra, cuyo proceso de liquidación ha sido aprobado por el Juzgado de lo Mercantil N.º 2 de Las Palmas de Gran Canaria, están llamando la atención de las grandes hoteleras, en especial dos parcelas en primera línea de mar.

La empresa Trademat ha iniciado la subasta de los diferentes bienes de la promotora gallega, incluidos la explotación del campo de golf y la desaladora que le abastece (incluidos los enseres, vehículos, herramientas y existencias en la tienda del campo de golf), 1 apartamento y 68 parcelas urbanas de uso turístico, 5 parcelas urbanas residenciales—que se venden de forma separada—, las deudas pendientes de cobro y otras parcelas adicionales que son las que están despertando el interés de las hoteleras.

"Las más deseadas"

Se trata de dos parcelas incluidas en el lote A2: los suelos P16A y P16B, con 30.194 m² y  5.100 m², respectivamente, y valorados en 6 millones de euros por cada uno. La subasta, activa desde el 7 al 26 de noviembre, incluye fincas adyacentes catalogadas como zona de protección del BIC y parte de un precio inicial de 7.650.000 euros.

Fuentes del mercado citadas por el diario Economía Digital califican dichas parcelas como las “más cotizadas de Fuerteventura" y "las más deseadas" por su potencial turístico, y es que existe la posibilidad de levantar en ellas un hotel de cuatro o cinco estrellas con 421 camas. Y es que no solo están ubicadas en primera línea de costa y junto al campo de golf más grande de la isla, sino que se trata de una zona como Caleta de Fuste, donde ya ha despertado el desarrollo hotelero, con la presencia de cadenas como Eurostars, Sheraton, Elba o Smy.

En concurso desde 2012

Pese a que es ahora cuando se lleva a cabo el plan de liquidación, la promotora Ramiterra lleva en concurso de acreedores desde 2012, tras sufrir el golpe de la crisis inmobiliaria de 2008.

Antes ya recibió un revés en su intento de desarrollar el citado resort con campo de golf y viviendas turísticas de lujo, que se vio paralizado por la primera moratoria turística de Canarias (2001). La empresa reclamó una indemnización de 127 millones de euros al gobierno canario, sin embargo, esta petición fue desestimada por el Tribuna Superior de Justicia de Canarias en 2008 y por el Tribunal Supremo en 2011.

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