El Tribunal Judicial de París (Francia) ha condenado a la empresa inmobiliaria SCI a una multa récord de 585.000 euros por la transformación ilegal de un edificio entero ubicado en el distrito 9 en pisos turísticos que se ofertaban en plataformas online como Airbnb.

La decisión ha sido celebrada por el ayuntamiento parisino, que destaca que se produce en un "contexto de alta tensión" en el mercado inmobiliario de la ciudad "marcado por el fraude y numerosas apropiaciones indebidas que reducen significativamente el número de viviendas disponibles para alquiler a largo plazo". El alcalde, Emmanuel Grégoire, celebró la decisión en redes sociales bajo el mensaje "Airbnb en París es historia".


De hecho, la sentencia responde a las acciones legales emprendidas por el propio consistorio, que decidió llevar a la inmobiliaria ante la justicia. Adquirido a finales de 2022, el edificio en cuestión albergaba anteriormente una residencia social destinada a personas en situación de vulnerabilidad. A finales de 2023, fue transformado por completo en 11 apartamentos turísticos amueblados. Dicha transformación se llevó a cabo sin cumplir con la normativa vigente, según ha dictaminado el tribunal, por lo que establece una multa de 445.000 euros.

A ello se suman otras infracciones como la ausencia de un número de registro en algunos anuncios y la falta de transmisión de los documentos solicitados por un inspector jurado, por lo que se eleva el importe total de las sanciones hasta los 585.000 euros.

El tribunal también ordenó el cese inmediato de la actividad, acompañado de una multa especialmente disuasoria de 1.000 euros diarios por alojamiento en caso de que la actividad continuara. Además, se ordenó a la SCI pagar 22.000 euros a la ciudad de París en concepto de costas judiciales.

Desde el ayuntamiento subrayan que, si bien entre 2020 y 2025 se han impuesto multas por casi 540.000 euros por delitos similares, este importe supone un nuevo récord. Lanzan también una advertencia: seguirán adelante en sus acciones de control y sanción para "hacer cumplir las normativas y proteger el parque de viviendas destinado a residentes".

Cabe recordar que la capital francesa dio un fuerte golpe sobre la mesa en 2021, cuando ganó un litigio contra Airbnb, imponiéndose a la plataforma una sanción de 8 millones de euros por publicar anuncios sin el número de registro pertinente.