La licitación para la construcción y gestión de 259 viviendas de protección oficial (VPO) en Mogán, el segundo mayor municipio turístico de la isla de Gran Canaria, ha quedado desierto.

Así lo ha informado su alcaldesa, Onalia Bueno, durante la sesión plenaria celebrada el lunes 2 de junio, que ya ha adelantado que desde la corporación local buscan alternativas para atraer a empresas constructoras.

La fórmula de derecho de superficie —por el que la administración ofrece suelo público a la iniciativa privada para que construya viviendas de alquiler asequible con una concesión de hasta 75 años sobre las mismas— no ha atraído el interés de los inversores. En licitación había un total de 259 viviendas protegidas en cuatro solares municipales: 202 viviendas en dos solares de Motor Grande, 29 en El Horno y 28 en Veneguera.

Bueno afirma que para favorecer y atraer a las empresas constructoras es necesario que el Gobierno de Canarias aumente el tope del módulo básico de vivienda de los 1.905,26 euros actuales hasta los 2.300 – 2.500 euros por metro cuadrado. “Los precios de referencia para la construcción de VPO nos vienen dados por el Gobierno de Canarias” explica Bueno, insistiendo en la necesidad de que la cuota actual se incremente para impulsar la construcción de estas viviendas por parte de la iniciativa privada.  “De lo contrario”, argumenta, “no se hará vivienda pública en Gran Canaria a no ser que el Ejecutivo Regional inyecte dinero de forma externa” como, recuerda, sucedía con los planes de vivienda anteriores a 2008 con los que “se financiaban el suelo, los proyectos y se subvencionaba al adquiriente”.

La alcaldesa ha adelantado que esta semana mantendrá varias reuniones para volver a licitar la construcción y gestión de las viviendas que se proyectan en Motor Grande, Veneguera y El Horno. “Esperamos que antes de finalizar el verano tengamos nuevamente el concurso en licitación” apunta.

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