Las Instituciones de Gran Canaria tienen el deber de liderar los cambios necesarios en materia de planificación turística y urbanística que nos garanticen a largo plazo un futuro de alta competitividad, facilitando un entorno de seguridad jurídica en todos los sectores estratégicos donde invertir, especialmenteaquellos en los que destacamos por nuestras ventajas comparativas.
Para hacer realidad la apuesta por un crecimiento sostenible, tal como ha manifestado públicamente nuestro Presidente Morales, debemos identificar proyectos de gran calado de inversión y valor, sin prejuicios hacerlos nuestros con entusiasmo, debiéndose garantizar todos los medios jurídicos y humanos para agilizar su tramitación con el objetivo de que no caigan en la desidia y lentitud de los procesos burocráticos a los que se ven sometidos.
El CIT apuesta por una cartera de proyectos estratégicos para Gran Canaria que está dispuesto a defender con firmeza, apoyando a los emprendedores privados que los secunden y proponiendo los canales mas expeditivos para su realización en beneficio de nuestro progreso y bienestar.
Después de tantos años de crisis y medidas de austeridad presupuestaria para las administraciones publicas sin hacer distinciones, ya se hace necesario que desde el Gobierno Central se introduzcan las modificaciones jurídicas pertinentes para no seguir penalizandoa aquellos instituciones autonómicas, en nuestro caso Ayuntamientos o Cabildos, que han cumplido o superan con creces los objetivos de solvencia económica y se ven imposibilitados por la normativa actual a utilizar mas eficientemente sus recursos disponibles. Esto conlleva que instituciones perfectamente saneadas con envidiables niveles de liquidez, tengan completamente bloqueadas sus inversiones. Que no paguen los buenos gestores públicos por los que han pecado de despilfarradores. Ya es hora de flexibilizar esta normativa para que no salgan perjudicados aquellos que gozan de músculo financiero suficiente para crear riqueza desde el sector público por haber hecho bien su trabajo. Las medidas estrictas deben continuar para los incumplidores pero no a costa de frenar a los gestores eficientes.
