El Ministerio del Interior ha decidido paralizar la aplicación de la Orden Ministerial de desarrollo del RD 933/2021, que fija el establecimiento de un registro de viajeros para alojamientos y agencias de viajes, hasta que finalice el procedimiento europeo abierto en relación con la norma y su posible vulneración del derecho de protección de datos. Interior ha comunicado esta decisión a la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE) y de la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) en un encuentro sostenido con ambas.

En la reunión se barajó la posibilidad de crear un grupo de trabajo específico con las agencias de viajes, que permita analizar de forma técnica la aplicación del RD 933/2021 y buscar soluciones viables y compatibles con el derecho europeo. En todo caso, los representantes de las agencias han dejado claro que quieren quedar fuera de esta normativa, pues no pueden ser tratadas de la misma forma que los prestadores directos de servicios de hospedaje o alquiler de vehículos, especialmente cuando actúan como meras intermediarias.

Así, FETAVE-UNAV también ha pedido al Ministerio del Interior que aclare qué pasos tiene previsto dar el Gobierno tras la apertura del procedimiento de infracción INFR(2026)4005 por parte de la Comisión Europea y qué medidas va a adoptar respecto de la aplicación de la norma a las agencias de viajes.

"El hecho de que la Orden Ministerial quede paralizada hasta que finalice el procedimiento europeo es un paso relevante. Ahora es necesario aprovechar este tiempo para trabajar con el sector y revisar la aplicación del RD 933/2021 a las agencias de viajes, evitando obligaciones desproporcionadas, duplicadas o de imposible cumplimiento material”, afirmó César Gutiérrez Calvo, presidente de CETAFE y UNAV.

El pasado 4 de junio, tras anunciar la Comisión Europea el inicio de un expediente sancionador contra España, al considerar que el conocido como registro de viajeros vulnera la normativa sobre protección de datos, tanto la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que inició la queja ante las instituciones europeas, como la CEAV, habían exigido la derogación de la norma.

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