A apenas cinco días de la entrada en vigor del Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital (Real Decreto 1312/2024) reina el descontento entre comunidades autónomas y propietarios, que aseveran que la normativa está creando “caos e incertidumbre”. Cabe recordar que, a partir del 1 de julio, se exigirá a las viviendas que quieran publicitarse a través de plataformas online que cuenten con un número de licencia obtenido a través del registro de la propiedad.

La lucha está liderada por Andalucía, C. Valenciana, Canarias y Murcia —que ya han recurrido la normativa en los tribunales al considerar invade sus competencias—, aunque en total son 14 los gobiernos regionales que exigen una prórroga y que reclaman una Conferencia Sectorial urgente para alcanzar un consenso.

“Los propietarios no saben cómo aplicar el decreto, las plataformas tampoco y las Comunidades Autónomas tampoco lo sabemos. Los Cabildos denuncian saturación por pedir la duplicidad del registro y no van a llegar a tiempo al 1 de julio”, ha aseverado en sede parlamentaria Jessica de León, consejera de Empleo y Turismo de Canarias, primera autonomía que interpuso recurso contencioso-administrativo. Recalca que desde su departamento no son sospechosos de no querer controlar esta actividad, pero reclama una legislación consensuada y con seguridad jurídica.

Incide, además, en que "no es obligatorio inscribir las viviendas en el Registro de la Propiedad, como está demandando el Gobierno de España. Eso no es legal y es un gran perjuicio para las Islas Verdes [La Palma, El Hierro y La Gomera] que se van a quedar sin parte de su oferta alojativa en pleno verano".

 

 

 

 

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Los argumentos en contra de las autonomías

Las CC.AA. alertan del “caos y la incertidumbre” generada por el RD y exigen la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Turismo, presidida por el ministro de Industria y Turismo, para abordar de manera inmediata los problemas generados para el turismo por la entrada en vigor del texto legal en plena temporada alta y tratar de revertir la situación actual de incertidumbre. Asimismo, piden la inclusión del sector privado en este proceso.

Sus principales puntos de desacuerdo con la propuesta actual son:

• Improvisación y precipitación: La entrada en vigor del real Decreto se pretende ejecutar en plena temporada alta, sin planificación ni consenso, generando confusión entre las administraciones, los comercializadores y los propietarios de estas unidades de vivienda que en algunas CC.AA. representan más del 50’por ciento del alojamiento turístico.
• Falta de liderazgo del Ministerio de Turismo: Lamentan que el Ministerio ha estado ausente sino durante todo el proceso de diseño, aprobación y puesta en marcha del Real Decreto, a pesar de tratarse de una norma de impacto estructural en el sector turístico de gran dimensión.
• Intrusión competencial: Se han planteado propuestas de regulación e implementación por parte de entidades ajenas al sector, como los registradores de la propiedad, que asumen funciones que legalmente corresponden a las administraciones autonómicas en materia turística.
• Confusión normativa a pocos días de su entrada en vigor: A apenas 10 días del 1 de julio, persisten graves lagunas en los criterios a aplicar, sin una guía clara sobre los usos y temporalidad, la necesidad de múltiples registros para una misma unidad alojativa o la forma en que se deben compartir los datos con las autoridades competentes.
• Falta de información clara y precisa: Ni las Comunidades Autónomas ni los ciudadanos disponen de la información necesaria para aplicar con seguridad jurídica los dictados de ese real decreto.

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