El Consell de Mallorca debatirá y previsiblemente aprobará este viernes en un pleno extraordinario la proposición de ley para regular la entrada de vehículos en la isla. La norma contempla fijar un límite máximo de vehículos que no tributen en Mallorca, establecer un techo específico para los coches de alquiler e implantar una tasa con carácter disuasorio. Además, prevé sanciones de entre 300 y 30.000 euros para quienes incumplan la regulación, así como la posible inmovilización de los vehículos que accedan sin autorización.

La propuesta excluye de las restricciones a los residentes en Mallorca y permite a los no residentes propietarios de una vivienda en la isla disponer de un único vehículo, siempre que esté domiciliado fiscalmente en dicha propiedad. También quedarían exentos, entre otros, los vehículos oficiales y de emergencias, taxis, transporte público y escolar, personas con movilidad reducida. Otro hecho remarcable para el sector turístico es que la norma tampoco afectará a trabajadores desplazados temporalmente a la isla y residentes de otras islas que acrediten desplazamientos por motivos laborales o sanitarios.

El texto incorpora además medidas orientadas a fomentar una movilidad más sostenible, como el impulso de aparcamientos disuasorios, viales cívicos y fórmulas para compartir vehículo. Tanto el límite anual de vehículos autorizados como el importe de la tasa deberán concretarse posteriormente mediante estudios de carga y una ordenanza fiscal que tendrán que ser aprobados por el pleno de la institución insular.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha defendido la necesidad de actuar ante la creciente presión sobre las carreteras de Mallorca, recordando que en 2023 llegaron a la isla cerca de 400.000 vehículos a través de los puertos, el doble que en 2017. Según ha explicado, la futura regulación busca mejorar la calidad de vida de los residentes, preservar el entorno y contribuir a una gestión más sostenible de la movilidad.

Si supera el trámite en el pleno insular, la proposición de ley será remitida al Parlament balear para su aprobación definitiva. El Consell destaca que el texto es fruto de un proceso de negociación desarrollado durante los últimos diez meses, con 22 reuniones mantenidas con representantes políticos y sectores afectados, entre ellos navieras, empresas de alquiler de vehículos, transportistas y taxistas.

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