El alquiler de embarcaciones de propietarios particulares ha quedado autorizado. Tal y como publica el Boletín Oficial de Estado (BOE), desde este martes 22 de julio, los dueños de barcos de recreo pueden alquilarlos hasta un máximo de tres meses al año en toda España. Esta medida se enmarca en la modificación de la normativa de la Marina Mercante realizada por el Gobierno en enero de 2024 mediante decreto.

Después del 15 de agosto, el Ministerio de Transportes aprobará un real decreto que será el que establezca los requisitos que debían cumplir los propietarios para poder obtener la autorización de uso mixto. Hasta entonces, y para evitar un vacío legal que comprometa la seguridad marítima o protección ambiental, el Gobierno ha aprobado una resolución provisional publicada en el BOE que regula las condiciones mínimas para ejercer esta actividad. Entre las exigencias se encuentran contar con un seguro obligatorio de responsabilidad civil y de accidentes, certificados en vigor, e informe favorable de una Entidad Colaboradora de Inspección.

La Dirección General de Marina Mercante establece que durante el uso comercial, la embarcación debe estar gestionada por una empresa especializada en chárter náutico, que también será responsable de solicitar electrónicamente el cambio de uso al Ministerio. Una vez se cuente con la autorización, esta contará con una vigencia de cinco años.

Además, si no hay una empresa detrás de la gestión, el arrendatario deberá contratar patrón y tripulación profesional. El propietario no podrá prestar servicios a bordo, salvo que posea título profesional. Las embarcaciones deberán portar las letras “CT” visibles en ambas amuras para su identificación como embarcaciones de uso comercial temporal.

Desde Baleares advierten de un posible “efecto llamada”
 

A pesar del cambio estatal, el Govern de Islas Baleares está tratando de limitar esta actividad en su territorio. El nuevo decreto autonómico que prepara Baleares prohibirá el alquiler de embarcaciones que no cuenten con puntos de embarque autorizados y busca impedir que particulares ofrezcan sus barcos sin control. Tanto las autoridades como empresarios insulares advierten del riesgo de saturación del mar balear, sobre todo tras el auge del chárter náutico después de la pandemia, debido a que muchos propietarios procedentes de otras partes de España podrán alquilar sus embarcaciones aunque no cuenten con punto de amarre en las islas.

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