La reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria en la que se encuentra trabajando el Congreso de los Diputados incluirá por primera vez a las grandes empresas de la hostelería, restauración y alojamiento.

Dicha ley regula las actividades comerciales relacionadas con la alimentación como pueden ser la industria del envasado y la transformación, los productores mayoristas, las centrales de compras, las cooperativas de productores u operadores de la gran distribución y al canal especializado. Sin embargo, hasta ahora, no incluía a las empresas Horeca ni a las hoteleras.
 

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El listado de modificaciones

Durante el pasado mes de noviembre, el Gobierno aprobó el proyecto de ley para modificar la norma que actualmente está en vigor. Desde entonces, los diferentes partidos han formulado sus propuestas, a las que ha tenido acceso Europa Press. Aunque todavía quedan aspectos por pulir, estos son los puntos en los que coinciden los miembros del Gobierno:

Normativa general

• La fecha de entrada en vigor: la intención del Gobierno es que las reformas comiencen a aplicarse a partir del 1 de noviembre de 2021.
• Los contratos alimentarios en vigor deberán adaptarse antes del 1 de mayo de 2022, mientras que los firmados a partir de la publicación de la ley tendrán de plazo hasta el 1 de noviembre de 2021.
• Registro de los contratos: el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pondrá en marcha un sistema mediante el cual el primer comprador de la cadena estará obligado a inscribir cada contrato que realice, modificaciones incluidas, antes de la entrega del producto.

Normativa para hostelería y restauración

• Se incluyen las actividades de hostelería y restauración con un volumen de facturación superior a 10 millones de euros.
• En el caso de los alojamientos, se incluyen a partir de los 50 millones de euros de facturación.
• Las empresas de hostelería y restauración tendrán de plazo hasta el 1 de enero de 2023 para comenzar a aplicar las obligaciones derivadas de la ley.

Con la puesta en marcha de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, el objetivo del Gobierno es, además de regular el régimen de contratación, acabar con las prácticas comerciales abusivas.

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