Expropiación y derribo del hotel de El Algarrobico: el promotor exige 44 millones y el Gobierno solo ofrece 16.500 euros

Nuevo capítulo en la batalla por demoler el polémico hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). El Gobierno de España y la empresa promotora, Azata del Sol S.L, tienen puntos irreconciliables en cuanto al valor de la indemnización que debe abonar el ejecutivo por la expropiación forzosa de los terrenos y de parte del edificio.

Según desvela ElDiario, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha rechazado el justiprecio propuesto por la empresa, que reclama 44,5 millones de euros de indemnización.

Por el contrario, se le ha ofrecido 16.496,67 euros, dándole un plazo de diez días para tomar una decisión al respecto, que empezaron a contar a partir del 30 de enero.

Si ambas partes no alcanzan un acuerdo, lo que es lo más previsible, el proceso volverá a pasar por los juzgados, en concreto por el Jurado Provincial de Expropiación, que tendrá la última palabra en determinar el precio justo, aunque cabría un recurso en tribunales de lo Contencioso-Administrativo, alargando un proceso que ya se prolonga por dos décadas.

Lo que queda claro es que no se cumplen los plazos con los que trabajaba Miteco, que apuntó a que el macrohotel declarado ilegal sería derribado parcialmente antes de que concluyera 2025.

Una demolición parcial

Cabe recordar que este trámite de Transición Ecológica solo afecta a una parte de la finca que se encuentra dentro del dominio público marítimo-terrestre y sobre la que el Gobierno puede actuar. El resto se adentra más allá de este límite y es la Junta de Andalucía quien es competente, por lo que, desde la Administración Central, se ha pedido colaboración.

El hotel Azata del Sol recibió su licencia de obras en 2003 y apenas unos meses después se inició la construcción. Poco antes de ser completadas, en 2006, un tribunal de Almería paralizó el proyecto. Tras ello comenzó un proceso judicial con diferentes vaivenes, con más de 50 sentencias, algunas de las que han determinado que se construyó en suelo no urbanizable y de especial protección, por estar dentro del parque natural Cabo de Gata; o que incumplía la Ley de Costas, al estar a 30 metros de la franja de dominio público marítimo-terrestre — el mínimo legal es a 100 metros—.