La vivienda de la calle Pisa, en Palma (Mallorca), donde el pasado domingo cuatro turistas resultaron intoxicados por gas, había sido objeto de dos denuncias previas por alquiler turístico ilegal. Sin embargo, ambas fueron archivadas después de que el ocupante del inmueble presentara un contrato de arrendamiento de larga duración y los inspectores no encontraran pruebas que acreditaran una actividad turística irregular.

Según informa Diario de Mallorca, las denuncias fueron presentadas en 2024 y 2025 a través de los canales habilitados por el Consell para comunicar posibles infracciones. En ambas inspecciones, el morador se identificó como inquilino de larga estancia y mostró la documentación correspondiente. Además, los técnicos no localizaron anuncios activos ni indicios de presencia de turistas en la vivienda, por lo que los expedientes fueron cerrados por falta de pruebas.

Tras el episodio de intoxicación, los inspectores regresaron nuevamente al inmueble. De acuerdo con la información del citado diario, el inquilino volvió a exhibir un contrato de alquiler de larga duración y tampoco se detectó la presencia de visitantes. No obstante, vecinos de la zona aseguraron que la vivienda era utilizada habitualmente por turistas durante fines de semana y que en ocasiones se celebraban fiestas que generaban molestias en el edificio.

La información manejada por el Consell contrasta con una denuncia presentada por el PSOE en octubre de 2025, en la que se incluía esta vivienda dentro de un listado de inmuebles que, presuntamente, se anunciaban en plataformas de alquiler vacacional sin disponer de autorización. Según esa denuncia, el piso aparecía publicitado en Airbnb con una descripción detallada y su ubicación claramente identificada.

El conseller de Turismo de Mallorca, Guillem Ginard, aseguró que su departamento actuará con contundencia si se confirma que el inmueble se comercializaba como alojamiento turístico ilegal. Aunque inicialmente señaló que no tenía constancia de denuncias previas, las comprobaciones posteriores realizadas por el propio Consell confirmaron la existencia de dos expedientes anteriores, ambos archivados por falta de pruebas concluyentes.

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