El Consell de Formentera ha presentado nuevas alegaciones ante el Govern balear para intentar que los ocho quioscos de playa de la isla no tengan que desmontarse cada invierno, entre el 15 de enero y el 15 de febrero. La institución insular reclama modificar las condiciones de la concesión administrativa y sostiene que las instalaciones podrían permanecer en sus emplazamientos durante todo el año sin necesidad de mantener los negocios abiertos fuera de temporada.

Según publica Diario de Ibiza, la Junta de Gobierno aprobó las alegaciones el pasado 15 de septiembre, dos días antes de que concluyera el plazo concedido por la Dirección General de Costas y Litoral. El Consell cuestiona la interpretación autonómica de la normativa estatal y argumenta que la obligación de que las estructuras sean desmontables no implica necesariamente que deban retirarse cada año.

La institución también respalda su petición con argumentos ambientales. Un estudio de la consultora Podarcis señala que las operaciones anuales de montaje y desmontaje pueden generar más residuos y emisiones, compactar la arena y provocar daños en las dunas y en los materiales. El Consell añade que los quioscos permanecieron instalados durante los inviernos desde 2008, cuando se autorizaron servicios en temporada baja, y utiliza este precedente para defender su postura.

El conflicto se remonta a la concesión otorgada en abril de 2023, con una duración de diez años prorrogables por otros cinco. La obligación de retirar los establecimientos durante un mes no figuraba, según los adjudicatarios, en los pliegos iniciales de la licitación. Tras las negativas a desmontar las estructuras, el Consell abrió expedientes sancionadores en 2025 y, en enero de 2026, el Govern inició un procedimiento para declarar la posible caducidad de la concesión por presuntos incumplimientos.

Entre dichas irregularidades figuran las dudas sobre la posibilidad de desmontar los ocho quioscos, las distancias entre instalaciones y las condiciones de acceso público y gratuito a los baños. La solicitud insular para modificar la concesión fue inadmitida inicialmente, pero el Govern anuló esa decisión en junio de 2026 y ordenó examinar la petición en cuanto al fondo. Esta resolución no autorizó, sin embargo, la permanencia anual de los establecimientos.

El Govern debe resolver ahora dos cuestiones distintas: si modifica las condiciones para eliminar la retirada durante el invierno y si continúa con el expediente que podría extinguir la concesión. Una eventual autorización para mantener los quioscos instalados no anularía automáticamente las posibles infracciones anteriores ni los demás incumplimientos investigados. Además, varios antiguos adjudicatarios han anunciado acciones judiciales contra la Administración autonómica por su actuación en este proceso.

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