La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias legisla para suavizar el concepto de unidad de explotación, que desde 1995 se impone en la mayoría de complejos de apartamentos de estas islas y que impide que cada propietario comercialice su apartamento por separado. La normativa que prepara el departamento comandado por Jessica de León busca dar encaje a una realidad que ha estado creciendo a espaldas de dicho modelo: el alquiler vacacional de apartamentos individuales a través de las plataformas especializadas. Turismo permitirá dicha actividad, pero en ciertas situaciones y bajo condiciones muy concretas.

El Gobierno canario llevará al Consejo de Gobierno el próximo otoño el decreto ley que habilitará dichos alquileres vacacionales. La legislación exigirá a los apartamentos que se hayan dado de alta en el censo de viviendas vacacionales, con su correspondiente declaración responsable, antes del 14 de diciembre de 2025, fecha de entrada en vigor de la normativa que legisló esta actividad en Canarias. Además, quienes comercialicen estos apartamentos tendrán que haber llegado a un acuerdo con el explotador del complejo y acreditar que cumplen con una serie de obligaciones, como contribuir al pago de los servicios comunes, caso de la recepción, el bar o el socorrista de la piscina, informa Canarias 7.

Se trata de poner orden en una situación que ha devenido caótica, pues a estos propietarios de apartamentos que los explotan individualmente se les concedió la declaración responsable de vivienda vacacional sin que la Administración se cerciorara de que las unidades no formaban parte de un complejo en explotación. Así, la realidad del alquiler vacacional fue creciendo, pese a las sanciones, y ya es insoslayable. El decreto les permitirá seguir con la actividad individual, pero a su vez se preserva la unidad de explotación, aunque quede diezmada, pues ya no va a ser necesario que concentre el 100% de los apartamentos.

Luz verde a la reserva de uso
 

Otra cuestión que abordará el decreto ley es la llamada reserva de uso, es decir, el derecho que tiene el propietario de disfrutar de su propio apartamento. Con esta nueva norma, los propietarios podrán usar de forma particular sus apartamentos siempre que dicho uso no exceda de los seis meses, una vieja reivindicación de los residentes canarios.

En todo caso, a resultas del modelo modificado que impone este decreto, los operadores se verán obligados a notificar a la Administración quiénes quedan fuera de la unidad de explotación, facilitando así la labor de inspección.   

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