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El Govern de Baleares ha aprobado una nueva medida para intentar aumentar la oferta de vivienda residencial y facilitar el trasvase de inmuebles destinados al alquiler turístico hacia el mercado de larga duración. La iniciativa permitirá reducir hasta un 60% las sanciones por alquiler vacacional ilegal si los propietarios ceden sus viviendas al programa público Lloguer Segur gestionado por el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).
La medida, incluida en la reciente ley ómnibus publicada en el BOIB, establece que los propietarios deberán reconocer su responsabilidad durante el expediente sancionador y poner el inmueble a disposición de programas públicos destinados a movilizar vivienda vacía. A cambio, podrán recibir durante un mínimo de siete años una renta limitada, aunque sin acceder a la bonificación del 30% que aporta actualmente el Ejecutivo autonómico.
Según ha explicado la Conselleria de Vivienda, los propietarios de estas viviendas podrán percibir hasta 1.050 euros mensuales, frente a los 1.500 euros máximos contemplados en el programa Lloguer Segur para otros inmuebles. La diferencia, que actualmente asume el Govern para reducir el precio al inquilino, no se aplicará en los casos procedentes de alquiler turístico ilegal.
La modificación amplía las vías de acceso a un programa que hasta ahora ha tenido un impacto inferior al previsto inicialmente. Según recoge Diario de Mallorca, el Ejecutivo había planteado alcanzar alrededor de 2.000 viviendas mediante esta fórmula, pero hasta mediados del pasado mes solo se habían incorporado 82 inmuebles. Por ello, se han introducido nuevos supuestos, como viviendas procedentes del alquiler turístico legal, pisos que requieren reformas o inmuebles de grandes tenedores.
Con esta estrategia, el Govern busca incorporar al mercado residencial viviendas que actualmente están vinculadas al uso turístico y aumentar la oferta disponible para los residentes. La nueva regulación ya está en vigor tras su publicación oficial y se suma a las medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico para afrontar la presión sobre el acceso a la vivienda en las islas.
