Grandes capitales como Londres (Reino Unido) cuentan con varios aeropuertos para aviación comercial. Madrid aún no, pero tiene un candidato para convertirse en el Gatwick de la capital española. Es el aeródromo de Casarrubios, que aspira a ser segunda opción aeroportuaria madrileña tras las instalaciones del Adolfo Suárez Madrid-Barajas, una pretensión que ya exhibió, sin éxito, en 2018. Ahora vuelve a presentar proyecto de ampliación, con la esperanza de obtener, esta vez sí, el visto bueno de la Administración.

El aeródromo de capital privado de Casarrubios del Monte se ubica entre Madrid y Toledo, con 400.000 metros cuadrados de suelo, de los que 30.000 albergan hangares. Tiene una única pista de despegue y aterrizaje de 1.000 metros de longitud, un tráfico de 65.000 aviones al año ajenos al transporte comercial regular o a operaciones militares y un centenar de empresas dedicadas principalmente a la formación y el mantenimiento aeronáutico.

El proyecto presentado por la empresa promotora de la ampliación, Air City Madrid Sur, plantea una ampliación de la pista existente de 1.000 a 1.800 metros, la construcción de una segunda pista de 3.200 metros, apta para aviones de mayor envergadura, una terminal de viajeros y la habilitación de dos más para usuarios de aviones privados. Dicho plan de ampliación, con un presupuesto de 400 millones de euros, está bajo análisis en la Comisión Interministerial Defensa-Transportes (CIDETRA), informa Cinco Días.

El proyecto de 2018, mucho más ambicioso, ha sido rebajado, de forma que Casarrubios ya no aspira a ser infraestructura de interés general, sino de uso público, más modesta, parangonable al aeropuerto de Lleida o el de Andorra–La Seu d’Urgell. Su capacidad baja de los diez millones de viajeros al año que pretendía acoger entonces al millón de usuarios anuales. Aspira a atraer a las aerolíneas de tráfico punto a punto —que vuelan de forma directa desde el origen hasta el destino sin pasar por centros de conexión—, a la aviación ejecutiva y al negocio de carga aérea.

Una vez presentado el proyecto, ahora la pelota está en el tejado de los ministerios de Transportes y de Defensa, que deberán decidir si merece la ansiada luz verde. En España existe un marco jurídico que abre la puerta a la iniciativa privada en el sector aeroportuario español, un real decreto promulgado precisamente en 2018.

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