La interpretación de las estadísticas turísticas en España adolece de una falta de rigor que confunde el debate público y distorsiona las decisiones de inversión en infraestructuras y promoción internacional. Los profesionales de los medios de comunicación repiten determinados indicadores sin analizar su metodología ni sus implicaciones prácticas. Esta ligereza analítica se manifiesta principalmente en dos equívocos: la asimilación del gasto con el ingreso real y la confusión entre el flujo anual de turistas y la presencia física de personas en un momento dado y en lugares determinados.

El primer error estriba en confundir el gasto turístico con los ingresos turísticos. El gasto total que reflejan las encuestas refleja el coste íntegro de las vacaciones. Se computan los pagos en transporte internacional a compañías aéreas no españolas, las comisiones de los intermediarios y los traspasos entre extranjeros por arrendamientos. Los ingresos reales, por el contrario, representan la fracción económica que efectivamente permanece en el territorio receptor. En el caso español, esta cifra se sitúa en algo menos de los dos tercios del gasto total reportado.

Esta divergencia se acentúa cuando se analiza el comportamiento de los turistas procedentes de mercados de larga distancia. En estos segmentos, el desembolso destinado al transporte internacional absorbe una parte sustancial del presupuesto total del viaje, lo que reduce el impacto neto en nuestra economía. Evaluar el éxito de una campaña de promoción o justificar una inversión basándose únicamente en la cifra de gasto constituye un error de diagnóstico macroeconómico.

El segundo equívoco, de consecuencias más graves para la planificación pública, es el de la relación entre el volumen anual de turistas extranjeros y la carga demográfica real que soporta el país. Incluso analistas económicos de acreditada trayectoria conceden gran valor a cifras que carecen de él. Es el caso de un exdirector del diario nacional de mayor difusión que, a comienzos de verano, escribía en ese medio: "Si la geopolítica no interrumpe la tendencia, este año podemos juntarnos en territorio español alrededor de 150 millones de personas, en caso de que coincidiéramos todos —50 millones de autóctonos y 100 millones de turistas—. ¿Hay infraestructuras para todos? Este país está fabricado para menos gente". Añadía, además, que la población ha crecido en los últimos años, mientras que las infraestructuras y los servicios sociales no lo han hecho al mismo ritmo, concluyendo que "administrar para 150 millones de personas supera anteriores dificultades".

La hipótesis de esa coincidencia simultánea que describe el citado artículo es un escenario imposible. Dado que la estancia media de los turistas internacionales en España se sitúa en una semana, el cálculo arroja un promedio inferior a los dos millones de visitantes extranjeros semanales, admitiendo que el cálculo de los 100 millones sea correcto; —en realidad serían unos 80 por sobrevaloración de la encuesta Frontur—. Esta cifra se distribuye de forma desigual: se reduce en los meses de temporada baja y se eleva durante los meses estivales. Asimismo, la presión se concentra en seis comunidades autónomas que aglutinan casi el 90 por ciento de las llegadas internacionales con notables asimetrías entre municipios.

Los datos objetivos indican que, en las semanas de máxima concurrencia del año y en los días de mayor afluencia, el volumen de turistas extranjeros no alcanza los tres millones de personas en toda España. Sin embargo, para evaluar la saturación real de los destinos, es indispensable incorporar una variable: el contingente de turistas nacionales que se desplaza hacia los mismos municipios saturados por el turismo internacional.

Lo relevante para la gestión pública no es el indicador macro de llegadas anuales, sino el número real de personas —nacionales y extranjeras, turistas y visitantes— presentes en un día determinado y en un término municipal concreto. Es en esa escala local donde se evidencia la insuficiencia de los servicios.

El déficit de infraestructuras que padece España no deriva del volumen de la actividad turística, sino del incremento de la población residente experimentado en los últimos años, vinculado de manera directa a la inmigración que nutre de mano de obra al propio sistema turístico en el que trabajan más de 700 mil extranjeros.

Resulta imprescindible desligar el debate político de las magnitudes absolutas mal interpretadas. La insuficiencia de dotaciones públicas en transporte, sanidad o gestión de residuos debe corregirse mediante una planificación presupuestaria ajustada a la demografía real y a la estacionalidad local. Utilizar proyecciones demográficas ficticias de 150 millones de personas concurrentes solo conduce a diseñar políticas erróneas para realidades inexistentes.

*Ignacio Vasallo es director de Relaciones Internacionales de la Federación de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET). 

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