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El proyecto de reforma del Hotel Ibiza Corso afronta un nuevo revés administrativo después de que el Ayuntamiento de Ibiza haya rechazado el proyecto modificado presentado por la promotora para corregir el exceso de ocupación y haya archivado el expediente de legalización que permanecía abierto desde 2016. Ambas decisiones complican la continuidad de una actuación cuya licencia permanece suspendida desde el pasado 17 de septiembre.
Según publica La Voz de Ibiza, Turismo Balear, titular de la licencia, y Lío Ibiza, la empresa que explotaría el espacio de ocio, han recurrido las resoluciones municipales. Esta última también ha solicitado que se suspendan los efectos del archivo. El conflicto se originó después de que los servicios técnicos municipales reconocieran que el proyecto superaba el límite legal de ocupación exigido para acogerse al régimen excepcional con el que se había tramitado la autorización.
La controversia se remonta al pasado febrero, cuando se concedió la licencia bajo la premisa de que el establecimiento disponía de una sala de fiestas legalmente implantada. Sin embargo, en julio el propio Ayuntamiento rectificó ese criterio al señalar que no constaba ningún título habilitante para esa actividad. Desde entonces, las explicaciones municipales sobre el uso que podía amparar el proyecto han ido cambiando, mientras que los vecinos han recurrido las distintas decisiones y han llevado el asunto a los tribunales.
Con el proyecto modificado rechazado y el expediente de legalización archivado, una de las alternativas que quedan pasa por acogerse al régimen extraordinario previsto en la legislación turística tras la declaración de Ibiza como zona turística saturada y de reconversión. Esta vía exigiría presentar un nuevo proyecto y obtener otro informe insular. Además, el Consell de Ibiza todavía debe pronunciarse sobre la revisión del informe favorable emitido en octubre de 2025 por su Comisión de Ordenación Turística, un documento preceptivo y vinculante para la concesión de la licencia.
La decisión insular será determinante para conocer el futuro de la autorización y su alcance, así como las posibles responsabilidades económicas derivadas del procedimiento. Mientras tanto, el proyecto continúa inmerso en varios recursos administrativos y tres procedimientos contencioso-administrativos abiertos en los juzgados de Palma.
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