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Los hoteleros estallan contra el Gobierno de España por imponer la limitación de precios tras la borrasca Leonardo
La patronal recuerda que los establecimientos hoteleros han actuado históricamente como espacios de refugio y apoyo y critica la medida que afecta a Andalucía y Extremadura
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha expresado su preocupación por la decisión del Gobierno de limitar de forma temporal los precios de los servicios hoteleros en varios municipios de Andalucía y Extremadura afectados por la borrasca Leonardo. La medida, aprobada por el Consejo de Ministros, se aplicará durante una semana en catorce localidades donde se han producido desalojos como consecuencia del temporal.
La limitación se ampara en el Real Decreto-ley 4/2026, publicado el 11 de febrero, que faculta al Ejecutivo a intervenir precios en situaciones de emergencia para evitar incrementos injustificados y garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales. Según la patronal, la norma persigue un objetivo legítimo, aunque considera que su aplicación al sector hotelero no se ajusta a su comportamiento habitual en este tipo de contextos.
Desde CEHAT recuerdan que, en anteriores emergencias —como la pandemia, incendios, inundaciones o episodios meteorológicos adversos—, los establecimientos hoteleros han colaborado de forma activa con las administraciones, ofreciendo alojamiento, recursos logísticos e instalaciones a las personas afectadas. Esta actuación, señalan, ha sido reconocida públicamente por distintas autoridades autonómicas e institucionales.
La patronal subraya que comparte la necesidad de prevenir prácticas abusivas, pero entiende que una medida generalizada puede trasladar una imagen que no refleja la conducta real del sector. En este sentido, defiende que las políticas de protección al consumidor se articulen desde la cooperación con los sectores implicados y con un enfoque proporcionado.
El presidente de CEHAT, Jorge Marichal, ha reiterado el compromiso del sector con la responsabilidad social y la colaboración institucional, al tiempo que ha planteado la conveniencia de que las limitaciones previstas en el decreto se apliquen de forma equilibrada a todos los bienes y servicios contemplados en la norma.
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