El Tribunal Supremo da luz verde a la expropiación de terrenos que permitirán ampliar el Aeropuerto de La Palma. El alto tribunal se pronuncia a resultas del recurso interpuesto por un particular que se oponía a la declaración de utilidad pública y a la subsiguiente ocupación forzosa de carácter urgente de la parcela necesaria para la ampliación de la pista del aeródromo, que en 2025 recibió 1,53 millones de pasajeros (+2,5%).

Esta disputa que ha desembocado en el Supremo trae causa en 2017, cuando el Gobierno central decidió que era imprescindible ampliar la pista de las instalaciones aeroportuarias para adaptarla a la normativa europea, pues en su configuración actual no cumple con los requerimientos comunitarios. La legislación española permite que excepcionalmente el Consejo de Ministros pueda declarar la urgente ocupación de bienes a expropiar con un fin determinado. Y esto fue lo que hizo el Consejo de Ministros en junio de 2024 con respecto a los terrenos del Aeropuerto de La Palma.

El acto fue recurrido en enero de 2025 por un afectado por la expropiación, que se oponía tanto a la declaración de utilidad pública que justificaba la enajenación de los terrenos como al proceso de urgente ocupación forzosa. El recurrente entendía que la declaración del Consejo de Ministros era nula de pleno derecho y alegaba falta de motivación que justificara la excepcional urgencia que requería dicho tipo de ocupación, máxime cuando esta había tardado siete años en tramitarse, desde 2017 a 2024.

El Tribunal Supremo desestima ahora las pretensiones del recurrente y entiende que el Estado ha demostrado suficientemente la existencia de razones para tramitar el procedimiento por esta vía, en bien de la seguridad de la infraestructura y en cumplimiento de la normativa europea. Según el tribunal, el acto administrativo recurrido sí está suficientemente motivado, aunque la parte afectada pueda no estar de acuerdo con los razonamientos que lo sustentan. El Estado tiene ahora vía libre para expropiar los terrenos, pues contra la resolución del Supremo no cabe recurso alguno.

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