El Gobierno de Asturias ha presentado el anteproyecto de Ley de Estancias Turísticas, que incluye la creación de una tasa, que será de aplicación voluntaria por parte de los ayuntamientos.

El anteproyecto, para cuya elaboración se han mantenido reuniones con ayuntamientos, representantes del sector y agentes sociales, establece tarifas diferenciadas según el tipo de alojamiento: desde los 0,5 euros en establecimientos rurales hasta los 3 euros en hoteles de cinco estrellas superior. También incluye viviendas de uso turístico, cruceros y acampadas temporales en grandes eventos.

Este pago se aplicará durante la temporada alta: del 1 de junio al 30 de septiembre, así como en Semana Santa, y será por un máximo de cinco noches. Se contemplan exenciones para colectivos como los menores de edad, las personas con más de un 65% de discapacidad, viajeros de programas sociales, causas de fuerza mayor, estudios o investigación, atención sanitaria o deportistas federados, entre otros.

Desde el ejecutivo autonómico aseveran que con ella buscan consolidar un modelo de crecimiento sostenible, equilibrado y respetuoso con el territorio. La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha defendido que la tasa revertirá de forma directa en la mejora del territorio, invirtiéndose en promoción, protección y desarrollo del turismo sostenible, así como en el refuerzo de los servicios y la calidad de la experiencia turística. “Quien venga a disfrutar de nuestro paraíso debe contribuir a su mejora; al tiempo damos respuesta a los ayuntamientos para mejorar su financiación mediante una herramienta que permite proteger nuestro territorio, reforzar servicios y seguir avanzando en un modelo basado en la sostenibilidad y la calidad”, ha explicado.

“La experiencia muestra que la tasa no tiene un impacto en la ocupación, pero sí genera un retorno directo al territorio en forma de ingresos que permiten reforzar la sostenibilidad y calidad del destino”, ha añadido Llamedo. 

El texto inicia ahora su última fase de tramitación, que concluirá con su aprobación por parte del Consejo de Gobierno, en cumplimiento de uno de los 25 compromisos políticos del Ejecutivo autonómico para este año. 

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