La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunitat Valenciana (APTUR CV) ha denunciado la oleada de actos vandálicos contra al menos 450 viviendas de uso turístico ubicadas en bajos de diferentes barrios de Valencia como el Cabanyal, la Malvarrosa, Patraix, Benimaclet, Benicalap, Campanar, El Carme o Morvedre.

Desde la entidad remarcan que, durante estos días, en los que la capital se encuentra en plena celebración de las Fallas, se han producido daños materiales, como sabotajes de cerraduras y pintadas amenazantes, cuyo valor estimado se estima en unos 250.000 euros.

APTUR recalca que estos ataques impiden el acceso normal a las viviendas, afectan a propietarios, gestores profesionales y turistas, y generan situaciones de inseguridad para todo el vecindario. Añaden que no solo acarrea el perjuicio económico, sino que también supone un "grave daño reputacional" para la ciudad como destino turístico.

Un "clima social enrarecido"

Aseveran que no se trata de hechos aislados, sino que son consecuencia directa de un "clima social enrarecido" por determinados discursos políticos contra las viviendas turísticas. “Cuando desde las instituciones se legitima una visión simplista que demoniza a una actividad económica legal, se alimenta un “efecto llamada” que algunos traducen en violencia, sabotajes y señalamientos”, explica Silvia Blasco, presidenta de APTUR CV y FEVITUR.

La asociación exige una condena pública clara e inmediata por parte de todas las fuerzas políticas y administraciones ante estos actos vandálicos, así como la apertura y refuerzo de las investigaciones para identificar a los responsables materiales de los sabotajes y pintadas y la aplicación de las sanciones correspondientes. Asimismo, reclama que los discursos públicos sobre vivienda y turismo se alejen de la estigmatización y del lenguaje inflamatorio que alimenta la confrontación social, y que se pongan en marcha espacios de diálogo real y participativo entre administraciones, sector, vecindario y expertos en urbanismo y vivienda para abordar, con datos y planificación, los retos de la ciudad de Valencia.

Admiten que hay margen para el legítimo debate sobre el modelo urbano, la convivencia y el acceso a la vivienda, pero que no puede "servir de coartada para criminalizar a un sector concreto ni para justificar, de forma explícita o velada, la violencia, el señalamiento de negocios o la destrucción de patrimonio privado".  “Detrás de cada vivienda turística hay propietarios, trabajadores, empresas locales y también vecinos que quieren vivir en paz. Convertirnos en diana de discursos de odio tiene consecuencias reales: hoy son cerraduras reventadas, pintadas amenazantes y 250.000 euros en daños. Mañana puede ser algo peor. Es el momento de rebajar la tensión, desterrar la violencia del debate público y trabajar, con seriedad, por un modelo de ciudad equilibrado y sostenible para todos”, concluye Blasco.

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