La patronal de transporte de viajeros en autobús Confebus solicitó el cierre cautelar en España de la web de origen francés BlaBlaCar acusada de operar como transportista profesional sin las debidas licencias, con el consiguiente riesgo para la seguridad de los pasajeros. El titular del juzgado de lo mercantil de Madrid puede acordar el cierre de la empresa.

La defensa de BlaBlaCar asegura que no son necesarias licencias, puesto que la empresa carece de vehículos propios y no contrata a los conductores. Según ellos su trabajo consistiría en poner en contacto a partculares que desean realizar el mismo viaje para compartir los gastos.

Las alegaciones de las partes se refieren igualmente a las aportaciones medias por viaje, el número de usuarios y el impacto de esta actividad en un mercado regulado como es del del transporte de pasajeros por carretera. Por supuesto desde dos visiones absolutamente opuestas.

La judicialización de la economía compartida es una mala noticia para los consumidores. Los titulares de la actuales concesiones, sean licencias de transporte o de taxi,defienden legítimamente sus intereses pero a veces exigen una protección del Estado que va más allá de lo que es su obligación.

La judialización de la economía compartida resulta una mala noticia para los consumidores

El cierre de Uber pop en España es el máximo ejemplo. uno de los argumentos utilizados por los taxistas, y no sólo en España, es el alto coste de las licencias; es decir, se está obteniendo un beneficio no del uso de la concesión sino de la especulación con la misma.

La obligación del Estado en este campo es garantizar la seguridad de los que utilizan estos sistemas de transporte, o de alojamiento en su caso, y garantizar la igualdad ante la ley; de manera especial en los aspectos fiscales. Por lo tanto, lo importante es tomar medidas normativas para que esto sea así. En mi opinión eso no ha tenido lugar hasta ahora.

Al tomar partido por intereses gremiales se puede olvidar que los ciudadanos están por encima de los gremios. Lo que el Gobierno tiene que hacer es precisamente proteger a aquellos frente a estos. Finalmente la prohibición de utilización de recursos ociosos puede dificultar el lógico nivel de crecimiento de nuestra sociedad.