El Gobierno de Grecia ha reaccionado ante la "rebelión de las toallas", un movimiento ciudadano desatado hace tres años por el que se protestaba contra la comercialización de las playas y el turismo de masas y se reclamaba el acceso libre a las mismas. 

En un decreto conjunto publicado por el Ministerio de Finanzas y el de Medio Ambiente se ha incrementado el número de zonas costeras protegidas, limitando al máximo la actividad comercial permitida. Tras el decreto, se fija en 251 el número de "playas vírgenes", muchas de ellas ubicadas en parajes de la Red Natura 2000.

En concreto, se prohíbe el alquiler de sombrillas y tumbonas; la apertura de bares y chiringuitos; el uso de motos acuáticas y lanchas motoras; el acceso de vehículos; las reuniones organizadas de más de diez personas; o la reproducción de música por altavoces. Asimismo, se impiden intervenciones permanentes como la instalación de pavimentos o de embarcaderos de hormigón.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, la inclusión de las 13 nuevas playas tiene como objetivo garantizar "la protección efectiva del valor estético, geomorfológico o ecológico especial, así como la preservación de los tipos de hábitat y las especies de fauna y flora".

El pago por usar la playa

En Grecia, por ley, todas las playas son públicas, lo que significa que el acceso al mar debe ser libre para todos; sin embargo, el funcionamiento práctico se divide principalmente en dos tipos: las "concesionadas" y las "vírgenes" —anteriormente citadas—.

Dentro de las playas concesionadas surgen dos tipos:

• Aquellas en las que empresas ofrecen servicios como tumbonas o sombrillas, y en las que se establece que el 70% de la superficie de playa debe permanecer libre para los visitantes que no deseen alquilar nada. Además, las hamacas deben situarse a más de 4 metros de la línea de costa.
• Playas "de pago", que son concesiones especiales habituales en la zona de Atenas o cerca de grandes complejos turísticos donde la empresa gestiona todo el recinto y cobra una entrada general por acceder y usar sus vestuarios, seguridad y limpieza, aunque el mar sigue siendo público.

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