Tres años después de que el Estado traspasara a las Islas Baleares la gestión de sus costas, el Govern regula los aspectos que caracterizarán esa gestión, así como el reparto de competencias entre administraciones autonómica, insulares y municipales. Entre las novedades destacadas de esta legislación, aprobada por el Consell de Govern como proyecto y pendiente aún del refrendo y las eventuales modificaciones que pueda introducir el Parlament, están la cesión de la gestión de las playas a los ayuntamientos y la no amnistía de aquellas construcciones costeras con orden de demolición por parte del Estado.

La presidenta balear, Marga Prohens, destaca que con esta norma se profundiza en el autogobierno y "se llega finalmente al límite de las competencias reconocidas en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución en materia de ordenación y gestión del litoral".
 

✅🌊 Complim un altre dels compromisos del nostre programa de govern. Hem aprovat avui el Projecte de llei d’ordenació i gestió integral del litoral de les Illes Balears, la primera llei balear de Costes.

Una norma amb la qual aprofundim en el nostre autogovern i arribam fins al… pic.twitter.com/LnHorErqiI

— Marga Prohens (@MargaProhens) June 25, 2026

Así, los ayuntamientos pasarán a gestionar directamente sus playas y determinadas autorizaciones administrativas, mientras que el Govern ejercerá labores de coordinación de la política litoral. Los consells insulares, por su parte, elaborarán los planes de ordenación. El texto distingue entre playas urbanas, naturales y de especial protección, con diferencias en los accesos, aparcamientos y servicios de temporada.

En cuanto a las construcciones costeras que ya cuentan con una orden de demolición, la irrupción de la nueva normativa no las eximirá de acatar dicha orden. Esos expedientes, iniciados bajo la legislación estatal de Costas, seguirán rigiéndose por ella pese a que las competencias hayan sido transferidas y exista una legislación autonómica, por lo que no se puede frenar su tramitación.

Protección del patrimonio litoral
 

La ley incorpora la protección específica del patrimonio litoral tradicional. Una serie de registros insulares inventariarán los elementos históricos a conservar, como escars —varaderos—, casetas de varadero y otras construcciones vinculadas a la cultura marinera balear. Cada ayuntamiento hará una lista de bienes para proponer cuáles deben ser protegidos e incluidos en el registro insular. Además, la planificación del litoral estará sujeta a la evolución del cambio climático.

Por otro lado, se establece la limitación de la velocidad de navegación dentro de la franja de una milla marina desde la costa. Las embarcaciones de más de doce metros de eslora y las motos acuáticas no podrán superar los diez nudos, una medida que el Govern considera clave para mejorar la seguridad de los bañistas, favorecer la convivencia entre los distintos usos del mar y reducir el impacto ambiental, especialmente en los espacios naturales protegidos. La norma contempla excepciones para determinadas embarcaciones profesionales sujetas a normativa marítima internacional.

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