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El Consell de Formentera ordena la demolición de diversas obras sin autorización de un hotel en Punta Prima
La institución insular desestima íntegramente las alegaciones presentadas por la propiedad al considerar las actuaciones incompatibles con la ordenación urbanística
El Consell de Formentera ha ordenado la demolición y el restablecimiento de varias obras ejecutadas sin autorización en un hotel de Punta Prima, después de desestimar íntegramente las alegaciones presentadas por la propiedad. La resolución se basa en los informes técnicos y jurídicos incorporados al expediente y considera las actuaciones incompatibles con la ordenación urbanística.
Entre las actuaciones que deberán ser demolidas figuran un nuevo volumen de unos 80 metros cuadrados y tres ampliaciones de una edificación existente, de 10, 50 y 70 metros cuadrados, además de un porche de madera construido sobre una cubierta y una escalera de acceso a la misma. La resolución también exige reponer otras actuaciones, como un muro de cierre, una puerta corredera, una rampa de hormigón, la ampliación de cinco terrazas y distintas reformas en edificios e instalaciones del establecimiento, incluida la piscina.
Los servicios jurídicos del Consell han rechazado el argumento de la propiedad de que las obras podrían ser compatibles con el planeamiento al no haberse agotado la edificabilidad disponible. Según el informe, contar con edificabilidad teórica no implica que una actuación sea legalizable, ya que debe cumplir todos los parámetros urbanísticos y disponer del correspondiente título habilitante. Además, algunas de las intervenciones ejecutadas son consideradas nuevos volúmenes y ampliaciones de nueva planta, y no simples reformas de edificaciones existentes.
El vicepresidente segundo y conseller de Territorio, Javier Serra, ha defendido que la Administración insular actuará "con rigor, con criterios técnicos y jurídicos y con el mismo nivel de exigencia para todos". "Cuando se detectan actuaciones que no están amparadas por la legalidad urbanística, nuestra obligación es actuar y restablecerla", ha señalado.
La propiedad dispone ahora de dos meses para presentar el proyecto técnico de restablecimiento y de un plazo de doce meses para ejecutar las actuaciones necesarias. En caso de incumplimiento, el Consell podrá llevar a cabo los trabajos de forma subsidiaria y repercutir los costes a los responsables.
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