La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias está trabajando en una nueva ley de Protección Civil y Emergencias en la que pretende incluir un régimen sancionador para aquellos rescates “originados por una imprudencia”, tal y como ha revelado Fernando Figuereo, director general de Emergencias.

Durante la rueda de prensa por el Día Europeo del 112, Figuereo ha remarcado que desde su departamento consideran que quien comete una negligencia debe abonar los costes del rescate. “No estamos hablando de una simple caída de alguien que está haciendo deporte y resbala, sino de una imprudencia como que esté una playa cerrada, vallada, precintada o con bandera roja y se tire al agua obligando a actuar a todos los medios y los helicópteros”, ha remarcado.

Puso de ejemplo el fallecimiento reciente de un turista estadounidense en Los Charcones de Playa Blanca (Lanzarote) o el de los cinco visitantes extranjeros fallecidos tras ser arrastrados por un golpe de mar en Isla Cangrejo, en Los Gigantes (Tenerife).

Figuereo ha subrayado que movilizar a los equipos de rescate supone un coste “bastante grande” y que van a intentar articular la forma de cobrar esas sanciones, cuyo coste vendrá determinado por las horas y por muchos otros factores.

Actualmente, la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales de Canarias, en vigor desde 2012, incluye tasas por servicios de búsqueda, rescate y salvamento, que varían según los efectivos implicados:

No obstante, nunca se han aplicado, ya que el personal de emergencias carece de competencias para pedir datos personales o abrir expediente contra la persona que ha cometido la negligencia. Esto se quiere solventar con la nueva ley, implicando a la policía autonómica.

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