El Govern de Islas Baleares da un paso más y en firme en su oposición al alquiler náutico aprobado por el Gobierno de España. Después de prohibir el uso con fines lucrativos de los amarres autonómicos, la presidenta regional, Marga Prohens, ha anunciado que aprobará este viernes una modificación del decreto autonómico de chárter náutico que impedirá la aplicación de la medida en las islas.

La normativa estatal, que entrará en vigor el 15 de agosto, autoriza a embarcaciones privadas a alquilarse entre particulares durante tres meses al año mediante un cambio temporal de uso. Sin embargo, el Govern considera que esta medida es incompatible con la realidad insular, ya que incrementaría la presión sobre un litoral ya saturado, y supondría un riesgo para la sostenibilidad ambiental y la seguridad marítima.

El nuevo decreto autonómico restringirá la actividad de chárter exclusivamente a embarcaciones registradas para uso profesional, excluyendo a aquellas de uso privado que soliciten operar comercialmente. Además, Ports IB ha reforzado el control de los amarres, prohibiendo expresamente el uso comercial de aquellos destinados al ámbito social o particular, con sanciones para quienes incumplan esta norma.

La presidenta Prohens subrayó que el conflicto va más allá del plano legal y refleja un modelo de gestión del litoral: “No queremos más embarcaciones saturando nuestro mar ni convertirlo en una actividad especulativa sin control”. La iniciativa del Govern cuenta con el respaldo de las patronales y clubes náuticos del archipiélago, que también han expresado su rechazo a lo que consideran una liberalización encubierta del sector.

Con estas medidas, el ejecutivo autonómico refuerza su compromiso con un modelo náutico ordenado, sostenible y adaptado a las particularidades de las islas, y defiende su autonomía para regular la actividad marítima frente a decisiones estatales que considera inadecuadas para el equilibrio portuario del territorio.

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