El Gobierno de Países Bajos adquirió recientemente un establecimiento turístico en la localidad de Albergen, para alojar hasta 300 solicitantes de asilo y descongestionar la acogida de refugiados en un campamento cercano. Tras hacerse pública la venta, muchos de los vecinos del pequeño pueblo mostraron su rechazo a la iniciativa, incluso llegando a intentar comprar el hotel. El revuelo provocado llevó a la propietaria del edificio a declarar la nulidad del contrato unilateralmente, alegando que en el momento de la venta, no conocía el tipo de uso que se le iba a dar al establecimiento turístico. Un juez ha decidido que la compra es totalmente efectiva y no puede darse marcha atrás.
La Agencia Central de Acogida de Solicitantes de Asilo (COA) llevó a los tribunales a Maria Olde Hill —la propietaria— por tratar de torpedear el proceso de compra, y este mismo lunes, ganó la contienda. La justicia ha dictaminado que Hill era consciente de la intención del Gobierno y que no existe justificación alguna para retractarse de la venta. El juez tuvo unas palabras de consideración hacia la propietaria, entendiendo que la presión que ha recibido puede motivar un cambio de opinión sobre la venta, pero que es una decisión no acorde a derecho.
Y es que la localidad de Albergen se movilizó a todos los niveles para paralizar la conversión del edificio, desde la política local a la sociedad civil. La concejala Ursula Bekhuis se opuso a la decisión gubernamental, concluyendo que en un pueblo con unos 3.000 habitantes, sería muy desequilibrado acoger a cientos de personas. Informa el diario neerlandés AD que el Ayuntamiento está estudiando paralizar la actividad del hotel, a través de exponer que el edificio incumple los requerimientos necesarios en materia medioambiental. Esta acción sería una alternativa legal para la administración de Albergen, ya que esta no tiene ninguna jurisdicción para decidir en materia de migración y el Gobierno sí.
Intentan incendiar el hotel antes de la llegada de los refugiados
Los vecinos se organizaron para realizar diversas movilizaciones de protesta contra la medida, llegando a anunciar demandas colectivas. Además, consiguieron reunir una masa de residentes dispuestos a aportar el dinero necesario para adquirir el hotel, a pesar de que era inviable que el Gobierno perdiera una compra ya cerrada. El último de los incidentes ha sido un conato de incendio en el propio recinto, investigado por la policía como un intento "provocado". Las primeras llegadas de solicitantes de asilo al hotel podrían darse en un mes.
