Cataluña es uno de los principales destinos de turismo dental para cientos de ciudadanos franceses, cuyo poder adquisitivo no les permite recibir tratamiento en su país. Sin embargo, cuando estas intervenciones no tienen el resultado esperado, los pacientes quedan en una especie de limbo legal, pues ni los profesionales de un lado ni los del otro de la frontera asumen responsabilidades.
En los últimos años, según ha informado El Confidencial, han abierto numerosas clínicas dentales en Cataluña, aprovechando la menor carga fiscal, dirigidas exclusivamente a los turistas franceses. Estos centros ofrecen en sus páginas webs tratamientos a mitad de precio, coste que incluso “puede ser reembolsado”. Ya que, tal y como explica la web de Esthetik Dental, "de acuerdo con las normas europeas, la atención dental que se realiza en la Comunidad Económica Europea es reembolsada en Francia por la CPAM, cuando, por supuesto, se trata de tratamientos reembolsables".
Todo parece de color de rosa, sin embargo, los problemas surgen cuando las intervenciones son fallidas, ya que las autoridades francesas se desentienden del problema, pues las operaciones se efectuaron en territorio español. En España ocurre lo mismo con las asociaciones de odontólogos. Es el caso del matrimonio de Maryse y Michael Guillien, a quienes el doctor francés Thierry Hascoët colocó implantes en 2014 en el centro Oral Clinic.
Maryse describe su intervención como “muy dolorosa” y asegura que “aquello no parecía atención odontológica sino terrorismo bucodental”. A su marido, sin embargo, se le fueron cayendo poco a poco los implantes que le fueron colocados. En este sentido, el doctor Hascoët entiende el fracaso de los implantes como normal: “Los implantes fracasan, esto es una realidad. Les pasa a todos los dentistas del mundo, no tienen una efectividad del 100%".
Mientras, el matrimonio sigue buscando el amparo legal. En Francia no tienen ninguna posibilidad. Mientras que en España, los Guillien escribieron al Consejo de Odontólogos y Estomatólogos en 2015 y 2017. En la respuesta a la primera misiva, el Consejo decidió trasladar las reclamaciones al Collegi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, mientras que en 2017 la contestación fue más escueta: “Acusamos recibo de la queja”.
